El juicio por la venta fraudulenta de la factoría de Valeo a una empresa fantasma en 1994 ha comenzado esta mañana. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Murcia ha celebrado la primera sesión de la vista oral a la que se han presentado solo tres de los diez acusados por un delito contra los derechos de los trabajadores que lleva más de dos décadas en los tribunales.
Cuatro de los imputados han fallecido, mientras que uno de los que aún viven, Noel Goutard, que tiene 86 años, ha presentado un informe forense en el que se indica que padece artrosis y que su salud no le permite realizar el viaje desde Francia.
Otros dos acusados consideran prescritas las acusaciones contra ellos dado que la Justicia francesa no ha dado curso a las peticiones rogatorias remitidas desde España, lo que les ha permitido quedar fuera de las diligencias desde 2008.
Los únicos que se han presentado hoy son Antonio Sánchez Celdrán, José Luis Gras y Luis Ernesto Echecopart, aunque este último ni siquiera se ha sentado en el banquillo, sino entre los letrados de las defensa, dado que es abogado.
El letrado de los antiguos trabajadores de Valeo y el fiscal han admitido esta prescripción, pero los letrados de la multinacional y del resto de los acusados consideran que sus defendidos se verían en una situación de indefensión, que podría dar lugar a la nulidad del juicio, por lo que han pedido la suspensión de la vista.
La sesión de hoy se ha centrado en el planteamiento de estas cuestiones previas. Sobre las 11.30 horas se ha suspendido hasta mañana para resolver las peticiones formuladas por las defensas.
La Sala ha decidido pedir un informe realizado por un forense español sobre las dolencias del acusado que ha alegado problemas de salud para no presentarse. Los magistrados tratan de averiguar si su estado puede mejorar en el futuro y proponen que declare por videoconferencia en el caso de que, finalmente, no pueda desplazarse.
Se espera que la sala se pronuncie mañana sobre las peticiones de suspensión del juicio que han planteado las defensas de los acusados. Los procesados que debían sentarse en el banquillo son responsables de la multinacional francesa en Madrid y en París, además de los socios de la empresa Metalúrgica del Sureste que supuestamente simularon la operación para evitar que la compañía tuviera que hacerse cargo de las indemnizaciones de despido de la plantilla, según consta en los escritos realizados por el Ministerio Fiscal y recogidos en la causa.
Por su parte, el fiscal y el abogado de los trabajadores de Valeo consideran que no procede la suspensión del juicio y que las reservas de los acusados son argucias para seguir alargando el proceso.
Los letrados de los procesados consideran que, al existir una acusación por maquinación conjunta, el hecho de que no estén presentes los antiguos directivos de Valeo en Francia perjudicaría a los demás.
El fiscal pide para los acusados tres años de cárcel y 7,9 millones de euros en concepto de responsabilidad civil por un delito contra los derechos de los trabajadores debido a un alzamiento de bienes.
Esta cantidad corresponde a los casi 1.300 millones de las antiguas pesetas que tienen pendientes los 145 trabajadores de la antigua factoría de Valeo, 28 de los cuales han fallecido.
La plantilla pudo cobrar con anterioridad unos seis millones de euros al adjudicarse los terrenos de la empresa, que fueron recalificados.
Tras la venta de Valeo a la firma Metalúrgica del Sureste los trabajadores mantuvieron una huelga de 192 días, que en aquel momento era la movilización laboral más larga que se había producido en España, Según explicaba hoy Salvador Navarro, portavoz del colectivo.Otro de los antiguos empleados recordaba que estuvieron diez meses sin cobrar, por lo que muchos se vieron obligados a recurrir a la ayuda de la Cruz Roja.Hoy han acudido al Palacio de Justicia con una pancarta y lazos negros en la solapa en recuerdo de los 28 compañeros fallecidos desde que se inició el proceso, pero les han obligado a retirar el cartel de la fachada.La dilación del proceso judicial, que se inició hace 21 años, también impedirá declarar a uno de los testigos ya desaparecido, el detective que investigó la venta de la planta de Valeo a una empresa fantasma, que en el momento del cierre resultaría insolvente y no tendría que hacer frente a las indemnizaciones de los 145 trabajadores que quedaban en la plantilla. El objetivo era evitar el pago de las compensaciones millonarias que Valeo habría tenido que abonar a los empleados despedidos en 1992.El cierre de la factoría de El Ranero, que había pertenecido antes a la antigua empresa murciana Fraymon, dedicada a la fabricación de piezas y repuestos de automóvil, dejó en la calle a 145 trabajadores en 1994.Los portavoces de la antigua plantilla de Valeo cuentan que sus compañeros fallecidos encargaban a sus familias que siguieran luchando por ellos después de su muerte, negándose a darse por vencidos.
