La pelota vuelve a estar en el tejado del Partido Popular y del Gobierno regional. Los partidos de la oposición (PSOE, Ciudadanos y Podemos), acordaron ayer en la Comisión Especial del Mar Menor que sea el Ejecutivo el que redacte la Ley Integral para la gobernanza y la protección sobre la laguna.

El portavoz del Grupo Socialista, Antonio Guillamón, explicó que la Comisión se ha comprometido a redactar una serie de directrices y orientaciones para trasladarlas al Gobierno regional y que le sirvan de ayuda para la redacción de la norma.

Guillamón lamentó que los populares «sigan empecinados en poner palos en las ruedas» a su redacción y siga focalizando en el sector agrícola el problema de la contaminación de la laguna. Y que «esta ley tiene que ser integral y abarcar a todos los sectores que han influido o que tengan algo que aportar para poner solución».

La diputada de Podemos, María Giménez, señaló que el PP «se quiere desentender del Mar Menor», añadiendo que ante «la incapacidad y la actitud del abandono del Gobierno regional a la hora de ponerse a trabajar en una ley para la laguna, seremos nosotros los que nos hagamos cargo de sentar las bases de ese futuro texto». Y subrayó que la norma debe estar en vigor antes de un año, y de que se acabe la legislatura.

Ciudadanos, por su parte, exigió que la ley esté terminada antes de finalizar la legislatura. El diputado Luis Fernández defendió que la norma debe hacerla el Gobierno «que es quien tiene todos los medios; pero a tenor de lo que han demostrado no tienen excesiva prisa para sacarla adelante».

Reacciones

Por su parte, fuentes del Gobierno regional recordaron que ellos aprobaron de forma urgente un Decreto Ley «con medidas positivas para el Mar Menor que compatibilizaba la actividad agraria con la preservación de la laguna» y que «la oposición aprobó 7 enmiendas que devaluaron el texto, criminalizando el sector, a sabiendas de su perjuicio para los agricultores y que no beneficiaban a nadie».

Ahora, añadieron, «el legislativo nos pide que redactemos nosotros una ley, cuya elaboración llevaría un año mínimo a pesar de que en la Asamblea hay una Comisión creada al efecto y donde podrían participar todos los sectores afectados», además de que los plazos serían mucho más cortos. «Y nos reclama que arreglemos el desastre que ellos han provocado».