La Policía Nacional de Almería ha detenido a S.B.A., de 20 años y nacionalidad argelina, como presunto patrón de una patera en las que iban otras 18 personas de la misma nacionalidad a las que se les había cobrado unos 600 euros a cada una por realizar el trayecto en una neumática el pasado 24 de enero.

Según ha indicado la Comisaría en una nota, el sospechoso ha sido detenido en el CIE de Murcia tras las pesquisas realizadas por los agentes después de que la infraembarcación fuera rescatada a 38 millas náuticas al surete de Cabo de Gata (Almería) de un bote de cinco metros de eslora y dos de manga impulsado por un motor de 40 caballos.

Las personas rescatadas ingresaron en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Murcia, donde se continuaron las investigaciones para identificar a los responsables de la embarcación que, en la mayoría de los casos, son miembros de redes organizadas que hacen de la introducción ilegal de inmigrantes por el mar Mediterráneo su 'modus vivendi'.

Las investigaciones realizadas, así como las entrevistas efectuadas a los integrantes de la patera, permitieron a los agentes identificar al ahora arrestado como presunto el organizador del viaje, ya que tras recibir el pago del trayecto, se habría encargado de los sistemas de orientación y navegación del bote. En esta línea, se ha detenido como supuesto autor de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

22 pateristas detenidos en 2017

Durante el año 2017 han sido rescatadas en las costas almerienses un total de 255 embarcaciones con más de 5.500 personas a bordo. Gracias al trabajo que realizan los investigadores de la Brigada de Extranjería y Fronteras y a la Agencia Europea de Fronteras (Frontex) en el transcurso del pasado año fueron arrestadas 22 personas por organizar y patronear los viajes, "estando la mayoría de ellos ingresados en prisión por delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros".

Según ha recordado la Policía, en el artículo 318 bis del Código Penal viene recogido este hecho delictivo entre los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. El que directa o indirectamente promueva, favorezca o facilite el tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas desde, en tránsito o con destino a España, o con destino a otro país de la Unión Europea, será castigado con la pena de cuatro a ocho años de prisión.