De las10.544 personas identificadas en la Base de Datos de Personas con Responsabilidad Pública del Notariado como «allegadas» a los políticos por parentesco o negocios, 2.225 aparecen por ser «titulares reales de una sociedad» de la que también forman parte los altos cargos o representantes electos, según informa el Consejo General del Notariado. Otras 8.319 «son personas con relaciones empresariales estrechas» con un cargo público.

Dentro de estos listados aparecen también los familiares directos de los responsables políticos que mantengan con ellos algún tipo de relación económica o societaria.

El presidente del Colegio Notarial de Murcia, Pedro Martínez Pertusa, explicó que el registro de las personas que puedan actuar como «testaferros» de los cargos públicos permite detectar cualquier operación en la que puedan participar los políticos, aunque sea a través de sociedades pantalla. Destacó que hace posible saber «quién está detrás» de las operaciones y «encontrar el hilo para tirar del ovillo».

Por su parte, el director del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales del Notariado, Pedro Galindo, dijo en la presentación de la base de datos que «también podemos, en el curso de una investigación judicial, decir a las autoridades judiciales o policiales autorizadas si un responsable público se relaciona con otro o con qué personas físicas y jurídicas mantiene relaciones habituales, a efectos de detección de testaferros». Al mismo tiempo, el registro «intenta concretar quién es realmente el que manda en una sociedad y toma las decisiones».

Este órgano lleva doce años funcionando y colabora con otras entidades internacionales.