La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela sentará en el banquillo a los ex directores generales de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Roberto López Abad y Dolores Amorós, que serán juzgados por los delitos de estafa en concurso con publicidad engañosa y de maquinación para alterar el precio de las cosas por la venta de preferentes y deuda subordinada de la entidad.
En el auto dictado ayer por la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, se da un plazo de 24 horas a ambos procesados para que presten fianza de forma conjunta y solidaria por importe de 6.000 euros, que servirán para asegurar las presuntas responsabilidades civiles pecuniarias que pudiera imponérseles en el caso de ser condenados.
De dicha cantidad responderán como responsables civiles subsidiarios el Banco Sabadell, la Fundación de la Comunidad Valenciana Obra Social Caja Mediterráneo (Fundación CAM) y, como responsable civil directo, CASER. Si no la prestaren en el plazo de un día se les embargarán bienes suficientes para cubrir dicha suma, añade la resolución.
La jueza Carmen Lamela deja constancia en su auto de que la Fiscalía no ha formulado escrito de acusación en esta causa y añade que, «no habiendo renunciado expresamente a ello, tiene a partir de ayer un plazo de tres días para solventar este asunto.
Varios particulares personados en esta acusa piden para Amorós y López Abad ocho años de prisión y 24 meses de multa por estafa, y añaden que los perjudicados deben ser indemnizados con 11 millones de euros, más los intereses, con la responsabilidad civil directa de la entidad CASER y la responsabilidad civil subsidiaria del Banco Sabadell y Fundación de la Comunidad Valenciana Obra Social Caja Mediterráneo (Fundación CAM).
Por su parte, la Asociación Adicae solicita para los dos enjuiciados 8 años de cárcel por estafa más otros dos años por delito continuado de maquinación para alterar el precio de las cosas.
Fue en marzo de 2016 cuando la juez instructora propuso inicialmente juzgar a ambos ex altos cargos de la caja por delitos de estafa y un delito relativo al mercado y a los consumidores debido a las irregularidades en la venta de estos productos tóxicos, mientras que consideró responsables civiles subsidiarios a la Fundación de la Comunidad Valenciana Obra Social de Caja Mediterráneo y el Banco Sabadell.
La División de Supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) detectó «una serie de irregularidades» en la comercialización de los dos productos, que quedaron recogidas en un informe de febrero de 2012, en el que, entra otras afirmaciones, se dice que la información facilitada al cliente adolecía «deficiencias relevantes».
