La polémica en torno a la Ley de Medidas Urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor continúa. A las protestas de los agricultores y trabajadores agrícolas se ha unido el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de la Región (COIARM), cuyos miembros han confesado estar «molestos por no haber recibido consultas acerca de las medidas que se están tramitando para paliar la degradación que sufre el Mar Menor».

Los ingenieros agrónomos no entienden que no se les haya incluido en ninguna comisión técnica, a pesar de que han ofrecido «la más absoluta disponibilidad a todas las administraciones y agentes sociales con el objetivo de abordar las soluciones técnicas al problema», explicó su decano, Andrés Martínez.

Desde el Colegio lamentan que se culpe a la agricultura únicamente. «No solo ha cambiado el paisaje agrícola, también lo han hecho los paisajes urbanos y costeros, que han modificado el ecosistema considerablemente; se han desarrollado importantes infraestructuras hidráulicas, energéticas, sanitarias, de saneamiento, playas y puertos, que han transformado el escenario».

Así, reconocen que, probablemente, todas esas construcciones eran «adecuadas y necesarias en su momento, pero quizás no todas están en sintonía con el conjunto del ecosistema del Campo de Cartagena y el Mar Menor».

Medidas urgentes con planificación

Los ingenieros agrónomos reconocen la necesidad de medidas urgentes para solucionar cuanto antes el problema medioambiental del Mar Menor. Sin embargo, defienden que «las posibles soluciones que recoge la Ley y la enmiendas posteriores se centran solo en el aspecto superficial y no tienen en cuenta el factor subterráneo, es decir, la contaminación del acuífero cuaternario, que puede llegar a transferir hasta 68 hectómetros cúbicos hacia la laguna salada, algo que incide en gran medida en el estado de sus aguas».

Además, tachan de innecesarias las barreras vegetales que se tendrán que adoptar en las tres zonas, incluidos los terrenos de secano alejados de la laguna, porque «el Campo de Cartagena tiene una inclinación inferior al 2% y estas medidas son más propias de zonas con niveles de escorrentía con pendientes superiores al 15%».

Entre las enmiendas aprobadas por la oposición, con el PP en contra, se incluye la reserva del 5% de la superficie agrícola para medidas anticontaminación por nitratos, la instalación de 'muros' vegetales con plantas autóctonas para que la escorrentía no llegue al Mar Menor y que los agricultores labren los terrenos siguiendo la curva de la pendiente, no de forma perpendicular.

En base a las enmiendas, tampoco se permitirá ampliar los regadíos en las 16.000 hectáreas más cercanas a la laguna. Además, en el caso de que haya regadíos ilegales, habrán de ser desmantelados. Finalmente, y ya a propuesta del PP, la ley también incluirá que se reduzcan a dos los 'turnos' de cultivos al año.

Es por todo ello que los ingenieros agrónomos reivindican la «planificación», tanto de las medidas urgentes como las de largo plazo, ya que se trata «de un problema técnico».

Además, para evidenciar que la Ley seguirá trayendo cola, los ingenieros agrónomos recuerdan que «el ecosistema del Mar Menor está sujeto a las consecuencias del cambio climático, por lo que hay que abordar el problema desde ya elaborando una Ley Integral que no solo tenga en cuenta los intereses económicos de los sectores implicados.