Ni una coma. De nada ha servido la 'ofensiva' de los últimos días emprendida por los empresarios agrícolas y agricultores para que se suavizaran las medidas restrictivas para los cultivos en la zona de influencia del Mar Menor, sobre todo en las fincas más apartadas de la costa. Son cinco las enmiendas más «peligrosas», según ellos, de la Ley de Medidas Urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor, que ponen muchas trabas a la actividad productiva, y que han salido adelante porque los partidos de la oposición (PSOE, Ciudadanos y Podemos) las consideran necesarias para proteger la laguna.
Los diputados mantuvieron ayer la reunión de la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua de la Asamblea Regional, durante la que cerraron los últimos flecos del articulado del proyecto de Ley de Medidas Urgentes para garantizar la Sostenibilidad Ambiental en el Entorno del Mar Menor. Sólo el PP las rechazó, al no admitir las modificaciones que ellos proponían.
Una ley que se basa en el decreto-ley del mismo nombre que aprobó en abril del año pasado el Gobierno regional. Esta comisión enviará el día 1 de febrero el texto definitivo que se debatirá en el Pleno.
Enmiendas
EnmiendasEntre las medidas aprobadas por la oposición para las tres zonas destaca la adopción de barreras vegetales incluso en los terrenos de secano más alejados de la laguna salada, reservar el 5 por ciento de la superficie agrícola para medidas anticontaminación por nitratos; e instalar 'muros' vegetales con plantas autóctonas que retengan el agua de escorrentías para que no lleguen a la laguna.
Además, los agricultores deberán, en las tres zonas en las que se divide la futura ley, labrar los terrenos siguiendo la curva de la pendiente, y no en perpendicular a la misma.
Tampoco se permitirá la ampliación de regadíos en las 16.000 hectáreas más cercanas a la laguna (zona 1, que ha sido ampliada de las 7.000 hectáreas del decreto-ley y que abarca la sierra minera). Y en el caso de que se constate la existencia de regadíos ilegales, éstos deberán ser desmantelados y la tierra devolverse a su estado original.
La futura ley también incluye que se reduzcan a dos los 'turnos' de cultivos al año -propuesta del Partido Popular-.
Así, de las 43 enmiendas que registraron conjuntamente PSOE, Podemos y Ciudadanos se han aprobado 29 por unanimidad y 10 sin contar con el respaldo de todos los grupos parlamentarios; el PP ha criticado 5 de estas propuestas por ser «peligrosas, innecesarias y estériles para los agricultores».
El diputado popular, Jesús Cano, lamentó que Ciudadanos «se haya dejado arrastrar por un partido radical y extremista como es Podemos que no cree en la agricultura. Nos parece una irresponsabilidad lo que ha hecho Ciudadanos al ir de la mano de Podemos y PSOE en un tema con el que se está jugando con el futuro de miles de pequeños y medianos agricultores».
Luis Francisco Fernández, de Ciudadanos, anunció que habían registrado una iniciativa en la Asamblea Regional en la que solicitan al Gobierno regional que presente «una verdadera ley integral del Mar Menor que sea consensuada con todos los colectivos afectados y que recoja sus sensibilidades». Y defendió las enmiendas indicando que eran necesarias para evitar que se vulneren leyes como el artículo 45 de la Constitución, o la directiva de la Comunidad Europea relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos que proceden de la agricultura.
Desde Podemos, María Giménez se mostró «muy satisfecha» del trabajo realizado, añadiendo que muchas de las propuestas las ha hecho la sociedad civil y criticó las «presiones» que han recibido en los últimos días.
«El Gobierno regional tiene la obligación de aplicar estas medidas y ayudar a los agricultores a adaptarse a ellas», destacó la diputada.
El socialista Antonio Guillamón confió en que el sector agrícola «valore» el esfuerzo de la oposición en este asunto, destacando el soporte técnico y científico de las enmiendas presentadas para que «en un plazo breve de tiempo el Mar Menor tenga resultados positivos».
El Gobierno Regional, finalmente, considera una «irresponsabilidad» lo aprobado por la oposición: «Nos parece un gravísimo error focalizar el problema del Mar Menor en la agricultura, y estas enmiendas podrían causar un perjuicio a miles de agricultores», destacaron fuentes del Ejecutivo.
