Ya hay más de 180.000 firmas apoyando, en la plataforma Change.org, a la familia de Miriam Pérez, la joven discapacitada que falleció en diciembre y cuyos parientes han de devolver ahora más de 7.000 euros al Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) debido a que cobraron "indebidamente" unas ayudas que, por los ingresos familiares, no le correspondían.

Aunque en la petición de Change.org se indica que los parientes de la difunta han de reembolsar más de 12.000 euros al Estado, la directora del IMAS, Verónica Pérez, explicó que esta cifra se reduce a casi la mitad, después del recurso que puso el padre de Pérez.

Asensio Pérez, padre de Miriam, aseguró este jueves que se enteró por LA OPINIÓN de que le habían rebajado la cuantía a pagar. En este sentido, destacó que nadie de la Consejería de Familia se ha puesto en contacto con él para explicarle que su recurso había llegado a buen puerto. Son varias las visitas que este hombre ha hecho al IMAS, así como multitud de gestiones, para, según su testimonio, no obtener respuesta alguna.

La joven Miriam Pérez, de Cartagena, tenía movilidad reducida y no podía valerse por sí misma, por lo que empleaba una silla de ruedas.

Fuentes de la Consejería de Familia apuntaron que todo esto ha ocurrido por un tema de los ingresos de los parientes de la joven, que tenía una discapacidad del 91%. "Para el año 2016 se tienen en cuenta lo reflejado en los certificados de IRPF 2016, siendo los ingresos totales de la unidad económica de convivencia de 40.515.95 euros, superando el límite establecido de 39.917,15 y resultando un importe a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social de 6.728.19 euros", detallan las fuentes.

"Para el año 2017 se tienen en cuenta los certificados de ingresos aportados en la reclamación previa, siendo los ingresos totales de la unidad económica de convivencia de 38.840,85 euros, siendo el límite establecido 40.025,65 euros, por lo que le corresponde percibir 3.873,52 euros anuales de pensión, resultando un importe a favor de la Tesorería de 1.197,01 euros (una vez liquidadas las partes proporcionales de pagas extras tras el fallecimiento de la pensionista)", apostillan al respecto.

"El padre de la pensionista, Asensio Pérez Vidal, ha comunicado que está de acuerdo con los ingresos de 2016 pero no con los de 2017, debido a que es funcionario y que en el año 2016 percibió parte de una paga extraordinaria que se le debía de años anteriores y que en el año 2017 no va a percibir más que las pagas extraordinarias normales", aseguran desde el departamento que dirige Violante Tomás.

En este sentido, el padre "ha informado que va a interponer reclamación previa por los ingresos calculados de 2017. Una vez comprobados los ingresos efectivos de 2017 transcurrido éste, se procederá a la regularización de los importes de la pensión correspondientes a 2017 fijando la cuantía de la pensión y en su caso la obligación de reintegro que corresponda".

La deuda correspondiente al ejercicio 2016 asciende a 6.804,50 euros.

"Igualmente se le informó de la conveniencia de solicitar de la Seguridad Social la prestación Familiar por Hijo a Cargo Minusválido con complemento cuyo importe está establecido en el año 2017 en 553,40 euros en doce mensualidades, cuantía superior a la que tendría derecho por pensión no contributiva en función de sus ingresos en la unidad familiar", explicaron las fuentes.

En este sentido, "el reconocimiento de la prestación familiar por hijo a cargo de la seguridad social no está condicionado a requisito de ingresos familiares, como si ocurre con la pensión no contributiva, motivo por el que se le solicita el reintegro. El derecho a la asistencia sanitaria lo obtendría como beneficiario de su padre, en las mismas condiciones que tenga el titular de la cartilla".

"Mi hermana Miriam tiene un 91% de discapacidad debido a un error médico en su nacimiento que le provocó una parálisis cerebral", explicaba Jennifer Pérez, hermana de Miriam, al inicio de su petición. "Desde hace quince años cobra una pensión no contributiva gracias a la que hemos podido pagar su rehabilitación, así como las medicinas que no cubre la Seguridad Social", continuaba.

El motivo por el que retiraron a Miriam la pensión y les multaron con el pago inmediato de casi 12.000 euros, señala Jennifer en la petición en la Red, es porque en 2016 su familia "superó en 500 euros el nivel de ingresos familiares anuales marcados por el IMAS. Mi padre recibió, como funcionario, una paga extra que le debía el estado desde 2012", destaca.