El Tribunal de Cuentas vuelve a reprochar a la Comunidad Autónoma en su informe del año 2015 que mantenga el agujero de 17,3 millones provocado por las pérdidas de la desaladora de Escombreras. También alerta sobre el impacto que tendrá en las cuentas de la Administración regional el pago de las expropiaciones de los terrenos que ocupa el aeropuerto de Corvera y la previsible reclamación por «el lucro cesante y el daño emergente de la anterior concesionaria», la sociedad Aeromur, liderada por Sacyr. Tras la rescisión del contrato a esta empresa, el Gobierno ultima los trámites para firmar una nueva concesión con Aena, que prepara el traslado de los vuelos de San Javier a Corvera.
El Tribunal de Cuentas critica que la desaladora de Escombreras «ha continuado presentando pérdidas significativas por importe de 17,3 millones de euros». Advierte de que «seguía sin alcanzarse una solución para la planta desaladora, no teniéndose evidencia de la adopción de acuerdo alguno entre la empresa titular de la planta, las entidades prestamistas y la Administración de la Comunidad».
Respecto a la situación del contrato de concesión administrativa para la construcción y explotación del aeropuerto de Corvera, el Tribunal indica que, a la finalización del ejercicio, «persiste una serie de incertidumbres y riesgos». Entre estos riesgos, el informe destaca «los resultados finales de las negociaciones con el Ministerio de Fomento referidas al posible cierre del aeropuerto de San Javier y los efectos derivados del traspaso de todas las operaciones al nuevo aeropuerto», así como «la resolución final de la liquidación del contrato de concesión y las posibles contingencias derivadas de la eventual reclamación del lucro cesante y daño emergente por parte de la anterior sociedad concesionaria».
El Tribunal de Cuentas advertía, entre estas incertidumbres, sobre «la forma en que se va a instrumentar y asumir, en su caso, por la Administración Regional el pago de las expropiaciones pendientes que correspondían a dicha concesionaria».
Por otro lado, el informe del Tribunal de Cuentas pone de manifiesto que los gastos de personal de la Administración General y de las entidades del sector público han representado el 52% del gasto consolidado del conjunto del sector público de la Región en 2015, «siguiendo la tendencia creciente iniciada en 2010». Asimismo recuerda que «la deuda comercial de la Comunidad al 31 de diciembre de 2015 se incrementó en un 31% respecto al cierre del ejercicio anterior y que el periodo medio de pago superaba el plazo máximo de 30 días».
En la gestión del SMS aprecia «avances» en algunas cuestiones, aunque en otras no ve cambios.
