La atención a los ciudadanos extranjeros en los centros sanitarios de la Región de Murcia no corre peligro. La Consejería de Salud descarta que en la Región se pueda producir una situación como en País Vasco y la Comunidad Valenciana, donde recientemente el Tribunal Constitucional ha anulado el decreto de sanidad universal, tras el recurso del Gobierno de Rajoy por considerarlo contrario al Real Decreto Ley 16/2012.

Fuentes de la Consejería de Salud recordaron que, en su momento, en la Región se trató de hilar muy fino para evitar un conflicto con el Gobierno central por la sanidad universal. Según las citadas fuentes, en la Región de Murcia se optó por una instrucción del gerente del Servicio Murciano de Salud (SMS), la 6/2015, por la que, en aplicación de las competencias propias de la Comunidad Autónoma, se procedió a la creación de un programa de protección social para la prevención, protección y atención a la salud del colectivo de población inmigrante en situación irregular con las mismas prestaciones que la población española con derecho a recibir asistencia sanitaria. «Al hacerlo de esta manera, siguiendo las propuestas que hizo el Ministerio al Consejo Interterritorial, no se invaden competencias estatales», señalan fuentes de la Comunidad, que añadieron además que «el borrador de la instrucción se consensuó previamente con el Ministerio de Sanidad para evitar precisamente que pudiera considerarse que se invadían competencias estatales».

La normativa que impera en la Región de Murcia es similar a la de Aragón, Galicia u otras comunidades autónomas que no han sido recurridas ni anuladas por el Tribunal Constitucional, por lo que a fecha de hoy sigue plenamente vigente.

Actualmente, en los centros sanitarios públicos se atiende a alrededor de 4.000 personas de 35 países dentro del Programa de Protección Social para la prevención, promoción y atención a la salud de la población extranjera en situación administrativa irregular, residente en la Región de Murcia y con recursos insuficientes. El proceso de tramitación es el siguiente: el ciudadano solicita ser beneficiario del Programa de Protección Social en su centro de salud, la solicitud es evaluada por el Servicio de Tarjeta Sanitaria, que eleva la propuesta a la Subdirección General de Humanización de la Asistencia. Finalmente, una vez aprobada la solicitud, la Dirección General de Asistencia Sanitaria firma el expediente. El tiempo de tramitación oscila entre los diez y los doce días, según fuentes de la Consejería de Salud.

En cambio, en otras comunidades autónomas como Cantabria, Navarra, Extremadura y Baleares se está pendiente de lo que decida el Tribunal Constitucional, pues el Gobierno de la nación ha interpuesto recurso.