La Asociación Naturalista del Sureste (Anse) ha lamentado hoy que el Gobierno regional plantee dragar las golas y las Encañizadas del mar Menor "sin consenso científico" y sin la aprobación expresa del Comité Asesor Científico, y ha advertido de que esta propuesta tiene "difícil encaje legal".

En un comunicado, Anse ha alertado de que estas acciones incumplen el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) y afectarían a diversos espacios protegidos de la Red Natura 2000, por lo que es obligatoria una evaluación de impacto ambiental.

Igualmente, la organización ha censurado que la Comunidad Autónoma "ningunee"a los comités científico y de participación social del Mar Menor y plantee medidas "sin acudir a la raíz del problema".

Los ecologistas han refutado el argumento dado por el consejero de Turismo, Cultura y Medio Ambiente, Javier Celdrán, de que las golas están perdiendo calado, "obviando" que en 1944 las encañizadas estaban "prácticamente cerradas" ni aclarando cuál será el destino de los materiales extraídos.

Anse ha recordado que las encañizadas se encuentran incluidas en el parque regional de las Salinas y Arenales de San Pedro bajo la consideración de "área de conservación prioritaria", y que el PORN establece en diferentes artículos la prohibición de realizar los dragados en las Encañizadas.

Otro aspecto reseñado por los ecologistas es que el dragado va a suponer una afección a diferentes espacios de la Red Natura 2000, tanto al propio espacio de Salinas y Arenales de San Pedro, como al LIC "Mar Menor" y a la "Franja litoral sumergida de la Región de Murcia.

Este hecho obligaría, en aplicación de la Directiva Hábitats, a realizar una evaluación de repercusiones sobre la Red Natura 2000, según Anse, que ha apuntado que estas acciones afectarían directamente, entre otros elementos, tanto a las praderas de fanerógamas marinas existentes como a las poblaciones de Nacra (Nacra nacra) existentes en el canal.

Por tanto y al afectarse a los objetivos de conservación de los espacios, Anse ha incidido en que la legislación europea sólo permitiría la ejecución de un dragado en ausencia de otras soluciones alternativas y bien por razones imperiosas de interés público.