El fiscal exagera. Así opina el consejero de Agricultura y Agua, Francisco Jódar, quien aseguró ayer que «es imposible» que haya 20.000 hectáreas de regadíos ilegales en el entorno del Mar Menor, tal y como señala el fiscal superior del TSJ de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, en su reciente denuncia por la contaminación en la laguna.

En ella se apunta como presuntos causantes de la degradación a 37 personas (ex altos cargos de la Confederación Hidrográfica del Segura, CHS, y de la Consejería de Agricultura; a agricultores y a empresas agrícolas), a los que considera autores de dos delitos: uno contra el medio ambiente y otro de prevaricación.

A su juicio, «el fiscal está confundiendo los términos», pues «los regadíos están perfectamente controlados, el agua es finita, y si hay algún regadío ilegal quiere decir que ese está quitando el agua a otro que no se va a quedar callado; no es que no sea cierto, es que es imposible».

El consejero, que apuntó su respeto a la Justicia, indicó que si hay un millar de desalobradoras ilegales o clandestinas en el Campo de Cartagena, según se recoge también en la denuncia, es algo que «saldrá de la investigación».

Jódar defendió « una agricultura y agricultores absolutamente responsables, conscientes de que deben desarrollar una agricultura sostenible, así como del uso que se debe hacer del agua». E hizo hincapié en que «estamos hablando de producción de alimentos, del medio de vida de muchas familias murcianas, que son además vecinos de la zona que están igual de interesados en el desarrollo de su actividad agrícola, que les da de comer, como en la conservación del Mar Menor». Aunque, añadió, «pueda haber gente que viola la ley, como en cualquier otro ámbito, y eso hay que perseguirlo».

El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, tras apuntar su «sorpresa» y estupor» por la querella de la Fiscalía, insistió en la necesidad de invertir en infraestructuras en el Campo de Cartagena, tal y como han reivindicado hace años, dijo.

En su opinión, el texto del fiscal «deja entrever que desde hace mucho tiempo se deberían de haber tomado soluciones, y esas soluciones son infraestructuras».

«No sé qué está haciendo el Ministerio, que no toma ya decisiones en ese sentido» para «armonizar» los usos agrícolas, turísticos y medioambientales en el entorno de la laguna, añadió.

Por su parte, el ex comisario de Aguas de la CHS denunciado en la causa, Manuel Aldeguer, una vez conocida los argumentos con detalle, dijo ayer en Murcia que la querella es «desafortunada e incongruente». Y señaló no entender «por qué el fiscal plantea la responsabilidad de la CHS en la contaminación tierra-mar, cuando es competencia de la Comunidad Autónoma».

Y concluyó que si se quiere resolver el problema, hace falta acometer infraestructuras muy importantes en el Mar Menor. Según Aldeguer, de lo contrario, «el Campo de Cartagena, pulmón económico fundamental para esta Región, está condenado a muerte, a desaparecer».

Por último, el presidente de la organización agraria Coag en la Región, Miguel Padilla, destacó su respeto a la justicia, y sobre todo, «a la posibilidad de que quien es acusado pueda defenderse». Padilla apuntó que hasta el momento sólo había un informe del fiscal y que habrá que esperar a la sentencia judicial tras la instrucción y la futura vista para ver en qué queda todo.