Son exaltos cargos del PP y también del PSOE. El fiscal superior de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, ha incluido a 37 personas y empresas agrarias en la denuncia interpuesta por la degradación del Mar Menor, siete de los cuales son cargos o exaltos cargos de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente (del Gobierno Popular); y seis exaltos cargos de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), organismo que depende del Gobierno central, y que ostentaban esta responsabilidad con el socialista José Luis Rodríguez Zapatero de presidente.

Además, el fiscal incluye a 24 agricultores y empresarios agrícolas como posibles causantes de los daños al ecosistema de la laguna salada. El fiscal les acusa de haber vertido al Mar Menor el 30% de las aguas subterráneas extraídas y que contenían todas las sustancias contaminantes, como nitratos, fosfatos y salmueras.

De la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, Díaz Manzanera apunta a Antonio Cerdá, exconsejero; Francisco Moreno, exsecretario general; Ginés Vivancos, exdirector general de Industrias y Asociacionismo Agrario; Joaquín Maestre, exdirector general de Política Agraria Común; Ángel García Lidón, exdirector general de industrias agroalimetarias; Esteban Abad Salcedo, responsable de Sanidad Vegetal; y Francisco José González Zapater, actual director general de Agricultura y entonces técnico de Sanidad Vegetal.

Entre los que desempeñan o han desempeñado cargos en la CHS señala a los expresidentes José Salvador Fuentes Zorita y Charo Quesada; el excomisario de Aguas, Manuel Aldeguer (actual director general del Agua en la Comunitat valenciana); y el exdirector técnico, Joaquín Ezcurra.

Medidas cautelares

Medidas cautelaresEl fiscal ha destacado en su denuncia «la extrema importancia y urgencia en la adopción en este caso de medidas cautelares» para evitar que se cause «un perjuicio irreparable al bien jurídico protegido, al Medio Ambiente y a la Salud de las personas; y en orden a garantizar que pueda restaurarse en lo futuro el orden jurídico violado».

Díaz Manzanera solicita que, «a la mayor urgencia», se acuerde el requerimiento a todos los agricultores denunciados para que se abstengan de verter el 'rechazo' (salmueras) de sus desalobradoras a cualquier cauce público o a aguas públicas, al suelo o al subsuelo, con apercibimiento de incurrir en Delito de desobediencia del artículo 556 del Código Penal.

El fiscal superior insiste en «la vital importancia» de que la autoridad judicial acuerde esta medida, toda vez que la iniciación de actuaciones de investigación en vía penal paraliza la vía administrativa sancionadora y que, de no acordarse tal paralización, la continuación de la actividad contaminante denunciada «comportaría sin duda un perjuicio de imposible o de muy difícil reparación en el futuro».

Además, solicita que se fije una fianza (que podrá efectuarse por cualesquiera de los medios admisibles en Derecho) de la cantidad en que se valore los daños sufridos por el ecosistema, a abonar por los denunciados, una vez que se concreten los mismos.

Díaz Manzanera pide finalmente en su denuncia que el juez o jueza instructora tras tomar declaración a los denunciados, acuerde la libertad provisional de estos y el embargo de sus bienes en la cantidad necesaria, «a fin de cubrir las posibles responsabilidades civiles que en su día se pudieran establecer».