14 de diciembre de 2017
14.12.2017
Justicia

La 'sopa' verde acaba en los juzgados

El fiscal apunta a 37 responsables de la contaminación del Mar Menor, entre ellos el exconsejero Cerdá y los expresidentes de la Confederación Hidrográfica del Segura José Salvador Fuentes Zorita y Rosario Quesada

15.12.2017 | 00:28
Manzanera, en una foto de archivo.

Le ha costado más de un año culminar una denuncia en la que se implicó personalmente: la referente a aclarar quiénes son responsables de la contaminación que convirtió el Mar Menor en una ´sopa verde´. El jefe de la Fiscalía Superior de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, hacía público ayer el contenido de su investigación. A su juicio, son 37 las personas que han de responder por la degradación del Mar Menor, entre ellas el que fuera consejero de Agricultura con Ramón Luis Valcárcel, Antonio Cerdá, y los expresidentes de la Confederación Hidrográfica del Segura José Salvador Fuentes Zorita y Rosario Quesada, que estuvieron en el cargo cuando el socialista José Luis Rodríguez Zapatero gobernaba en España.

Cuando comenzó su investigación, Díaz Manzanera era fiscal de Medio Ambiente. Entonces, se implicó tanto en el caso que llegó a subirse en helicóptero para sobrevolar la laguna y ver desde las alturas su estado. Cuando ascendió y pasó a ocupar el cargo de Manuel López Bernal, el fiscal anunció que seguiría llevando personalmente el tema del Mar Menor. Y así lo ha hecho.

La gestión a lo largo de los años de esta joya natural, emblema del turismo de sol y playa de la Región, «se puede considerar caótica o nefasta desde el aspecto medioambiental, tanto para el Mar Menor como para el acuífero, y, por ende, para todo el ecosistema, situación que parece venir derivada de una postura generalizada de no querer asumir ni resolver un problema desde su origen, pese a ser conocedores de que iba a llegar más pronto que tarde», dice el fiscal en su escrito.

Recuperación «complicada»

En concreto, la Fiscalía detecta que se ha cometido un delito contra el medio Ambiente, con el agravante de riesgo de deterioro irreversible. Asimismo, investiga varios delitos continuados de prevaricación.

«La problemática se ha desbordado hasta tal punto que hay que reconocer, lamentablemente, que es de muy difícil solución ambiental, tornándose hartamente complicada la recuperación de este hábitat único», escribe el jefe de la Fiscalía Superior.

Subraya que la Región tendrá que esperar al año 2027, para «intentar» conseguir un «buen estado ecológico y químico del Mar Menor», según reconoce el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura de 2015-2021, que recuerda Manzanera.

Para llegar a sus conclusiones, el fiscal ha revisado durante estos meses documentación aportada por la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, la Confederación Hidrográfica del Segura, el Ayuntamiento de Cartagena, el Instituto Español de Oceanografía, el Instituto Geológico Minero de España, la Universidad de Murcia, la Universidad del Mar de Alicante y la Politécnica de Cartagena, así como los atestados elaborados por el Seprona y periciales practicadas.

En su denuncia, Díaz Manzanera también alude a «la retirada de las 19 banderas azules que tenía concedidas las playas del Mar Menor». Retirada efectuada «por la Unión Europea en el verano de 2017». «Es otra consecuencia más de la desastrosa situación ambiental del Mar Menor por la mala calidad del agua de baño», hace hincapié el fiscal.

Asimismo, se refiere a los «efectos nocivos para la pesca» que tiene la contaminación del agua, y apostilla que son alrededor de cien las familias que viven de este sector en la laguna. Además, apuntó que «aparecieron varios centenares de peces muertos (doradas y magres), pero no se ha podido determinar la causa».

Segunda denuncia del fiscal por la contaminación

Esta es la segunda denuncia que el antaño responsable de Urbanismo y Medio Ambiente, José Luis Díaz Manzanera, ha elevado a los juzgados por la contaminación y delito ambiental que sufre el mar Menor. La primera, que instruye desde hace meses el Juzgado Nº 2 de Cartagena, fue interpuesta por el fiscal hace más de un año, y en ésta señala como posibles culpables a trece propietarios de terrenos con cultivos intensivos en el arco sur de la laguna. A éstos les acusa de cuatro posibles delitos: contra la ordenación del territorio, por la construcción irregular de canales y balsas no autorizadas en suelo no urbanizable; contra el medio ambiente; contra el Patrimonio Histórico, por daños a yacimientos arqueológicos, y un delito de usurpación de agua.

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