El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, ha lamentado que la Comunidad de Castilla-La Mancha haya presentado hasta 16 recursos contra los envíos de trasvasar agua para el Levante desde 2015, «todos perdidos, aunque los dos últimos son especialmente sangrantes».
El primero de ellos salió publicado el 8 de marzo de 2017 en el BOE para el uso de agua para boca.
El último, hace solo unos días, es la personación de Castilla-La Mancha contra el expediente del Scrats, que solicita la anulación del cambio del modelo tarifario aprobado por el Consejo de Ministros en junio, «que implica una nueva tarifa binómica, que marca que habrá un fijo a pagar aunque, como es el caso, no se derive agua hacia el Levante», apoyando, así, al Gobierno central.
Según Jiménez, «esto nos da a entender que estamos haciendo lo correcto», enfatizando que «una parte importante de ese cambio irá a parar a las arcas de la Comunidad Autónoma de Castilla-LaMancha».
A su juicio, el Gobierno central debería meditar «si es conveniente que alguien que se niega siempre a todo trasvase, se posicione a su favor».
