Quince organizaciones de la Región han difundido un manifiesto en el que denuncian "la represión y la vulneración de los derechos humanos" en todo el Estado español, especialmente en Cataluña, donde destacan como acciones represivas "la aplicación del 155, la detención de cargos públicos a los que se les piden penas que podrían sumar 50 años de cárcel, la prohibición de actos y de reuniones políticas, el secuestro de revistas y las más de 800 personas heridas" en la jornada del pasado 1 de octubre.

"Creemos que estas acciones vulneran hasta cuatro derechos fundamentales: el derecho a un juicio justo y a la tutela judicial efectiva; el derecho a la libertad de expresión y de información y el derecho a la libertad de reunión y manifestación", dice el manifiesto que, en cambio, no contiene ni una sola crítica a la actuación del Gobierno y el Parlamento de Cataluña por incumplir reiteradamente las resoluciones del Tribunal Constitucional y aprobar la Declaración Unilateral de Independencia.

El manifiesto lo firman organizaciones políticas como Izquierda Unida y Cambiemos Murcia, la marca de IU en el Ayuntamiento de Murcia, así como el PCE, Juventudes Comunista, el Partido Comunistas de los Pueblos de España y sus juventudes, además de Anticapitalistas, una corriente interna de Podemos. No lo firma la formación morada. También participan sindicatos como Intersindial y la CGT, así como colectivos sociales como Cosal, Pa'lante, Entre Pueblos, Murcia Diversa y República en Marcha.

Denuncian también esta "represión" del Estado en la Región de Murcia, debido"a las cargas policiales y las multas" que reciben los vecinos que se manifiestan por el soterramiento de las vías del tren en la zona sur de la capital. También critican que estas actuaciones contrastan con "la permisividad" del Gobierno con los movimientos de extrema derecha y citan como ejemplo que en Murcia se permitiera una manifestación del colectivo Lo Nuestro el mismo día del desfile del Orgullo Gay. Creen que, con estas actuaciones, al régimen del 78, que según ellos "no representa a la mayoría social de este país" y "le cuesta definirse como democrático".

"Llamamos a la defensa de la democracia, de los derechos sociales para una vida digna, a la libertad de las y los presos políticos, a la condena de la represión y a la derogación de las leyes que la permiten, como la ley mordaza, y de los actos por ella sancionados, como las multas a nuestros y nuestras vecinas", concluye el documento.