El mercado inmobiliario empieza a mostrar signos de reactivación después de casi diez años de crisis, pero el paisaje que ha dejado el negocio del ladrillo en la Región tardará mucho tiempo en asimilar los estragos causados por la especulación. Mientras que la Asociación de Promotores Inmobiliarios se queja de la falta de solares asequibles para construir pisos de tres dormitorios que reclaman las familias en las zonas urbanas, se da la paradoja de que en los municipios murcianos hay suelo urbanizable disponible para construir 100.000 viviendas, según las estimaciones de la compañía de tasación Tinsa. Esta cifra se corresponde con los proyectos contemplados en los planes parciales aprobados durante los años de euforia urbanística, pero el problema es que se trata de terrenos recalificados para la construcción de resort, que están alejados de los núcleos de población. Tinsa calcula que tendrán que pasar casi diez años para que el mercado dé salida a los solares disponibles en todo el territorio, en los que están invertidos varios miles de millones de euros, un capital improductivo, que lastra la recuperación económica. Sin embargo, las inversiones urbanísticas no son las únicas que permanecen inmovilizadas sin producir ningún rendimiento a la economía regional. El profesor de Economía aplicada de la Facultad de Economía de la UMU José Daniel Buendía recuerda que al patrimonio depositado en los terrenos recalificados se suma el capital invertido por las demás empresas de la Región desde finales de la década de los 90 hasta 2007 para aumentar su capacidad de producción, que también permanece improductivo, porque no han podido alcanzar la demanda esperada. A su juicio, tendrán que pasar cerca de dos décadas para que estos recursos «aporten valor» a la economía.
Muchas de las urbanizaciones proyectadas difícilmente llegarán a construirse por problemas legales. Los ayuntamientos aprobaron planes parciales sin el informe favorable de la Confederación Hidrográfica (CHS), que les negaba el agua para abastecimiento por falta de caudales, por lo que han quedado invalidados por las sentencias del Supremo. Otros proyectos, como los de la finca La Zerrichera de Águilas, Novo Carthago en el Mar Menor y El Roblecillo en Caravaca han dado lugar a largos procesos judiciales con decenas de antiguos altos cargos de la Comunidad Autónoma y de los ayuntamientos imputados.
Según los cálculos recogidos por Tinsa en su informe Radiografía del sector inmobiliario, tendrán que pasar casi diez años para que el mercado llegue a asimilar el suelo urbanizable que está disponible en la Región. En España se tardará algo menos, serán suficientes 8,6 años, pero en provincias como Valencia este plazo llega a los 15 años, mientras que en Alicante no alcanza los cinco.
Sin embargo, los estragos causados por la inversión en los huertos en los que se arrancaron los árboles para plantar nuevas construcciones y en los secarrales vendidos a precio de suelo urbano serán difíciles de superar. Aunque no existen cifras precisas, cuando el mercado inmobiliario se frenó en seco los promotores calculaban que en la Región había varios miles de millones de euros invertidos en terrenos.
Al stock de suelo se suman cerca de 25.000 viviendas en venta.
Los beneficios que proporcionaba el ladrillo causaron una avidez colectiva, que se contagió a todos los sectores y propició un espejismo de crecimiento económico del que nadie quería verse excluido.
Hasta las entidades financieras se embarcaron en proyectos urbanísticos, muchos de ellos frustrados. Gran parte de los terrenos recalificados, al igual que las urbanizaciones ya terminadas que no encontraron comprador, pasaron a manos de las entidades que habían financiado la operación y después acabaron en manos de la Sareb, la sociedad que comercializa los inmuebles ejecutados por los bancos.
El citado profesor de Economía Aplicada José Daniel Buendía advierte de que también el patrimonio invertido por las empresas de los demás sectores para «aumentar su capacidad productiva permanece inactivo», porque la crisis truncó el crecimiento que se auguraba en los años de euforia y ha impedido alcanzar «la productividad» necesaria para rentabilizarlo. «Es un activo que está en los balances, pero es una inversión que no genera valor», indica al respecto.
La consecuencia es que «las empresas tienen una sobrecapacidad de producción que no han podido utilizar, lo que se traduce en una menor productividad», destaca.
Buendía defiende que «cuando se toma la decisión de invertir, hay que tener en cuenta también el medio y el largo plazo. Si se hace una inversión que no tiene verdadera rentabilidad, has hecho el negocio del siglo».
Según sus cálculos, tendrán que pasar cerca de dos décadas para que desaparezca «un excedente improductivo» que «lastra» la recuperación de la economía y de los salarios, dado que «ahora estamos recuperando los niveles de renta de 2007».
Como alternativa al modelo económico que sucumbió hace diez años el experto propone apostar por «la formación del capital humano y la inversión en I+D» para garantizar una mayor productividad.
Lujo La Región aspiraba a ser la California europea
Lujo La Región aspiraba a ser la California europeaLas buenas perspectivas económicas y el imparable crecimiento de la demanda de viviendas, unido al buen tiempo que puede ofrecer la Región durante la mayor parte del año, prometían paraísos turísticos, que han permanecido desiertos. Las urbanizaciones y los complejos construidos por las grandes promotoras se quedaron vacíos cuando se marcharon los últimos operarios, y apenas han recibido inquilinos durante estos años. El Gobierno regional soñaba con convertir la Región en la California europea, pero las construcciones deshabitadas fueron cambiando de manos a medida que desaparecían las empresas promotoras y, después, las entidades que financiaron la inversión. Esta ha sido la trayectoria que han seguido las promociones urbanísticas antes de terminar en la Sareb, la sociedad que se encarga de comercializar el patrimonio inmobiliaro ejecutado por los bancos cuando sus clientes dejaron de pagarles.
