La deuda de la Comunidad Autónoma se ha multiplicado por once entre 2008 y 2016, al pasar del 2,6% del PIB al 29,1%, según un informe de expertos en financiación autonómica. En este periodo la Administración regional ha pasado de una deuda de apenas 755 millones de euros a los casi 8.700 millones que debía en el segundo trimestre de este año. En la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Cataluña y Baleares también se ha disparado la deuda en la última década y supera el 30% del PIB autonómico.

A continuación aparece Murcia, con el 29,1%, que es la quinta con mayor porcentaje de España, según un informe de expertos en financiación autonómica, según la Red de Investigadores en Financiación Autonómica y Descentralización Financiera en España (Rifde), gestionada por Governance and Economics Research Network de la Universidad de Vigo. Esta institución ha difundido esta semana un informe en el que analiza la estabilidad presupuestaria de las comunidades y en el que propone alternativas para la sostenibilidad financiera de las mismas. Entre las medidas que se aconsejan están el establecer objetivos de déficit diferenciados para cada comunidad, reestructurar la deuda autonómica -aunque sin quitas- y crear nuevos fondos de reserva. Rifde señala que el impacto de la reciente crisis económica supuso un fuerte crecimiento del endeudamiento de las autonomías, aunque también del Gobierno central, hasta el punto de que algunos territorios han disparado su deuda.

En el caso de Murcia, que en este momento debe ya cerca de 8.700 millones, una cantidad equivalente al doble del presupuesto regional de este año, el crecimiento de la deuda está motivada por la caída de la recaudación de impuestos vinculados a la venta de viviendas cuando llegó la crisis inmobiliaria. El Impuesto de Transmisiones, que hasta 2007 había alimentado los ingresos de la Administración regional, sufrió el mayor recorte.

Por eso, el porcentaje de la deuda sobre el PIB regional pasó del 2,6 % de 2008 al 29,1% en 2016, a medida que la Comunidad iba recurriendo a los créditos para costear los servicios que ya no podía sufragar con sus propios ingresos.

Según el informe de Rifde, el FLA y los fondos adicionales establecidos por el Gobierno cuando, en plena crisis económica, algunas comunidades dejaron de poder financiarse en los mercados, deberían ser eliminados «en breve plazo» o, en su defecto, clarificados e individualizados. Sin embargo está en contra de que se mantengan con carácter general e indefinido.

Para avanzar en el camino de la sostenibilidad presupuestaria de las comunidades, el estudio aconseja modificar los procedimientos para definir los objetivos de estabilidad, deuda pública y regla de gasto, con una coordinación preferiblemente a través del Senado y, de no ser así, a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera y la Conferencia de Presidentes.

También plantean los expertos una asignación diferenciada entre cada comunidad de los objetivos de déficit y deuda, no idéntica, para considerar situaciones de partida muy diferentes y poder definir sendas de consolidación fiscal acordes a la realidad con transparencia y criterios racionales. De igual modo, creen que los límites previstos desde 1980 en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas deben ser actualizados, para que recobren eficacia y sirvan así a su auténtico objetivo.