06 de noviembre de 2017
06.11.2017

¿Qué es un grupo de presión?

Los funcionarios mostraron interés por la influencia de los lobbies en la consulta del Plan de Gobierno Abierto

06.11.2017 | 04:00

«Se tiende a pensar en un lobby como algo ilegítimo y no tiene por qué ser así», aclara Enrique Ujaldón, secretario general de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunidad, que incluye en esta categoría desde las asociaciones de empresarios de un determinado sector económico que tienen interés en la aprobación de determinadas medidas hasta las asociaciones de padres de alumnos que tratan de influir para que un determinado colegio se construya en una u otra zona de un municipio.

La Real Academia Española (RAE) define los lobbies como los «conjuntos de personas que, en beneficio de sus propios intereses, influye en una organización, esfera o actividad social». Ujaldón señala que, aunque los grupos de interés no tienen por qué tener connotaciones negativas, «sí es necesario que quede constancia de su grado de influencia en el proceso de toma de decisiones en la Administración pública», algo que a su juicio se debe realizar a través del registro de grupos de interés. Este no solo afectará a agentes sociales y económicos ajenos a la Administración que quieran interactuar con los gestores públicos, sino que incluirá también a entidades del sector público empresarial y fundacional, según consta en el borrador del Plan de Gobierno Abierto que está siendo sometido a consulta pública en el Portal de la Transparencia de la Comunidad.

En la consulta realizada recientemente entre los empleados públicos sobre el Plan de Gobierno Abierto, los funcionarios regionales expresaron sus reticencias sobre la influencia que estos grupos de presión pudieran mantener en la toma de decisiones en el ámbito político, reclamando la creación de dicho registro de lobbies como medida preventiva.

Además, con el objetivo de seguir reforzando esa vigilancia sobre la relación de los políticos con los distintos grupos de interés, el Gobierno baraja una idea aportada también por la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales, que consiste en la implantación de una huella de la actuación pública, que reflejaría los cambios ocurridos durante la tramitación de cualquier expediente.

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