Con la sentencia dictada ahora en la denominada causa principal de la CAM, que admite recurso ante el Tribunal Supremo, y la firme ya del proceso al exdirector general de la caja Roberto López Abad y al último presidente de la comisión de control, el empresario y exconcejal murciano Juan Ramón Avilés, a quienes se les exoneró de cualquier responsabilidad en el cobro de dietas y la concesión de créditos que se juzgaba, quedan aún pendientes de resolución otros cinco procesos abiertos por la gestión de la entidad.

El primero en ser juzgado será el que se ha seguido también por el cobro supuestamente ilegal de dietas al último presidente de la entidad, Modesto Crespo, cuya vista oral está fijada para el próximo mayo. Un procedimiento en el que también está acusado López Abad, los tres miembros de la comisión de retribuciones y todos los del consejo de administración de la CAM que dio luz verde a una remuneración de 300.000 euros anuales para Crespo. Una cantidad que percibió durante dos años, parte con carácter retroactivo.

El resto de los procesos continúa en instrucción con más o menos diligencia. Mientras en el abierto por la comercialización de cuotas y preferentes está en liza si lo que afecta a las participativas se archiva, como sostiene la juez, o continúa para juicio, por lo que están luchando los afectados, las demás causas se encuentran a expensas de que se reciba la información documental que se ha solicitado. En esta situación están tres: la abierta por los negocios que la CAM montó en el Caribe con los empresarios de Benidorm Juan Ferri y José Baldó a través de la mercantil Valfensal y, menos avanzadas en la investigación, las que indagan si la caja financió pelotazos de las sociedades Nyesa Pirineos, Emporio Mediterráneo (del grupo Ballester) y Huéznar y las relaciones de la entidad con la promotora alicantina Hansa Urbana.

En el marco de la pieza donde se indaga si hubo apropiación indebida por parte de dos exdirectivos de la CAM (López Abad y quien llevaba al inversiones inmobiliarias, Daniel Gil) y los empresarios Ferri y Baldó en los negocios hoteleros montados con financiación de la caja al otro lado del Atlántico acaban de comparecer ante la magistrada Carmen Lamela, instructora del proceso, la práctica totalidad de los miembros de la comisión de control de la participada con la que la caja se alió con los hoteleros. Según los testimonios de los que han declarado (varios, entre los que se encuentra quien fuera el presidente, el empresario de Sucina Juan Ramón Avilés,), estas operaciones llegaban aprobadas desde la direción de la entidad.