Juan Antonio Pedreño lleva al frente de la Unión de Cooperativas de Enseñanza de la Región de Murcia (UCOERM) desde 1998. Estos casi 20 años cubren buena parte de las más de tres décadas de la asociación y en este tiempo ha sido testigo de primera mano de la aprobación de los conciertos educativos por parte del Gobierno socialista, allá por 1986.

¿Qué cambios más significativos se han producido en estas dos décadas de su presidencia en Ucoerm? Ha habido cambios y todos han ido en paralelo a los que se han producido en la sociedad en general y en el mundo de la educación en particular. He percibido un compromiso muy importante de los docentes por analizar hacia dónde iba la educación y mejorar los centros, así como acercarlos a las exigencias de los padres. Antes, al colegio se iba a aprender en un horario concreto y nada más. Con el paso del tiempo, el centro empezó a ofrecer actividades complementarias y extraescolares y otros servicios, mejorar las instalaciones, etc. Son los colegios que ofrecen lo mejor y con una mayor calidad educativa los que al final tienen más demanda. Y pueden ser públicos o privados. Y las cooperativas han querido adaptarse a estos cambios haciendo inversiones tanto en las instalaciones como de personal. Por ejemplo, en el caso de los idiomas, ya se les está pidiendo la certificación máxima en inglés, el C1.

¿Y los que no lo han hecho?¿Cuántas cooperativas se han quedado en el camino? Nuestra máxima aspiración es que la cooperativa sea la primera opción de los padres, y para eso, insisto, ofrecemos un ´pack´ completo de los mejores servicios, forma de educar y funcionamiento del centro. Y eso lo hacemos gracias a la voluntad de todos los que forman parte de la cooperativa. Y debo decir que en estos años, sólo se han cerrado dos cooperativas, una en Cartagena y otra en Murcia, pero por razones muy concretas. El resto han funcionado muy bien.

¿Han tocado fondo o hay sitio actualmente para más? Actualmente tenemos ante nosotros un reto muy importante, el diseño de un mapa escolar, que es el que nos debe decir si hemos tocado fondo. Es posible que en algún pueblo en concreto no se pueda pensar en abrir nuevas cooperativas, pero en Murcia, por ejemplo, puede que falten centros. Lo que está claro es que no tiene sentido construir colegios allí donde no sea necesario. Por eso una de las primeras actuaciones sería conocer la ratio de alumnos en cada municipio y adaptarnos a ella. Porque, por ejemplo, puede tener sentido mantener 25 alumnos por clase en Murcia pero no en Pliego, porque no hay tantos alumnos.

¿Entonces, habría que cerrar aulas? Eso es lo que me preocupa, que se llegue a esa conclusión. Por eso propongo que se adapten las necesidades escolares a la realidad de cada municipio, preguntándonos qué va a pasar con la natalidad como primer criterio para diseñar ese mapa . Y esto vale tanto para los centros públicos como para los concertados. Si no podríamos llegar a desperdiciar recursos económicos. Es la Consejería de Educación junto con los ayuntamientos los que deben valorar las necesidades. Y con este mapa, además, se evitaría la creación de colegios con criterios arbitrarios y políticos. Se le pone racionalidad y se le elimina el partidismo.

¿Qué otros criterios cree usted que deben tenerse en cuenta? Mantener la ratio por aula y las unidades, aunque sea con menos alumnos. Porque esto redundaría en una mejor calidad educativa y no supondría un incremento de los presupuestos. Creo que la consejera Adela Martínez-Cachá tiene muy buena disposición y ganas de hacer cosas y que se hará este mapa escolar. Pero para lograrlo con éxito necesitamos todo el apoyo de la comunidad educativa.

¿Qué supuso para las cooperativas la ley de conciertos de 1986 ? Tranquilidad. Hasta entonces recibíamos una subvención por alumno, pero los gastos eran los mismos tanto si teníamos 20 como 30 alumnos, por ejemplo. A partir de entonces pudimos empezar a planificar todo con una seguridad total, puestos que teníamos cubiertos los sueldos y la Seguridad Social. Pero el concierto en Educación Infantil y Primaria no llegó hasta el 2001, y hasta entonces los sueldos se repartían entre todos los docentes. Cuando se logró este concierto llegó la tranquilidad absoluta y nuestro reconocimiento como sector educativo. De ahí que desde entonces y hasta ahora se haya producido un crecimiento notable, de más del cien por cien, de cooperativas de enseñanza en la Región. Entonces había unos 25 centros y ahora somos 57.

Y acaban de alcanzar un acuerdo con la Consejería para concertar el Bachillerato y la Formación Profesional. Sí, pero veremos si se va a poder poner en marcha el próximo curso. Dependemos de que se aprueben los presupuestos y PSOE y Podemos ya han dicho que no lo harán... Sin la partida presupuestaria necesaria no se podrá finamente poner en marcha el concierto.

Los sindicatos y defensores de la escuela pública denuncian que al haber más para ´compartir el pastel´ es la educación pública la que sale perjudicada. Lo primero que tengo que dejar claro es que todos nos complementamos y nosotros llegamos donde no llega la pública, principalmente en los pueblos. Podemos convivir y apoyarnos mutuamente. No se trata de quitar nada a nadie ya que nos hemos ido a la periferia. Además, está demostrado que para un centro con las mismas líneas la pública necesita más personal que las cooperativas, y nuestro gasto de funcionamiento es un 30% más bajo. Somos complementarios, no subsidiarios y hoy por hoy hay alumnos suficientes para todos los centros. Por lo tanto, esa opinión es, cuanto menos, discutible.

¿Por qué si el dinero público paga a la plantilla de las cooperativas, no contratan al personal que necesitan de las bolsas de trabajo de la Consejería, con tanto interino en el paro? Lo primero es que el 80 por ciento de los profesores son socios de la cooperativa, así que es una mínima parte de la plantilla la que se contrata. Una de las razones es que la cooperativa necesita un compromiso total del docente con el proyecto educativo que tiene en marcha, no alguien que venga solo a fichar de nueve a dos. Y no digo que no pueda haber este perfil en la bolsa de trabajo de la Comunidad, pero experiencias pasadas nos han demostrado que no todos dan el mismo valor a la palabra ´compromiso´ y eso es desincentivador para una cooperativa. Su compromiso con el centro no es real, sino prestado. Pero reconozco que se podría buscar una solución intermedia y esa es una línea que podríamos abordar en las medidas de actuación para centros en crisis que han puesto en marcha en otras comunidades autónomas.

INMIGRACIÓN

¿Qué porcentaje de alumnos inmigrantes hay en las cooperativas? Nuestros centros son los que más alto nivel de alumnos inmigrantes tienen de todos los concertados. Algunos incluso superan el nivel medio de las cooperativas, que está en el 10 u 11%. Es un porcentaje racional, ya que el total de los centros concertados está en torno al 18%. Si el resto de los colegios que no son cooperativas hicieran lo mismo, el porcentaje de alumnos inmigrantes podría superar el 20%, que ya estaría muy cerca de lo que representamos en la educación regional, que es el 28%.

Pero ha habido denuncias de cuotas encubiertas o de imposición de uniformes, por ejemplo. No puedo negar que haya ciertos ´elementos´ disuasorios para que no vengan, como cuotas o uniformes. Pero también es cierto que el mayor freno está en que no tenemos subvencionados ni los comedores ni el transporte escolar. Y los inmigrantes prefieren no pagar por comer. Esta es una de las razones fundamentales por la que optan por los centros públicos. Y lo que en la última asamblea de Ucoerm yo he propuesto es poner en marcha cinco becas de comedor por cooperativa para alumnos con las necesidades más básicas sin cubrir. Serían un total de 60.000 comidas gratuitas al año. Y aunque no se dice, hay cooperativas que regalan los libros o los uniformes a alumnos con necesidades económicas.

Hay muchas voces que reclaman un Pacto estatal por la Educación, que acabe con los vaivenes de la legislación educativa. ¿Qué puede realmente aportar este acuerdo cuando llegue, y si llega? Lo que nos daría a todo el colectivo es la tranquilidad de no estar pendientes de quién gobierna. No es posible que haya habido tantas leyes en tan poco tiempo, ni que a los docentes se les esté cargando de papeleos que les resta tiempo para prepararse las clases. También dependiendo de quién gobierne se cambian los diseños curriculares y las programaciones. Esto no puede continuar porque estamos jugando con gente, los estamos volviendo locos. Y no se tiene en cuenta de que la educación es el eje vertebrador del futuro de un país.

¿Lo ve posible? No lo veo fácil pero es más posible, por ejemplo, que el del Agua, donde entran otros factores en juego, como los sentimientos territoriales. Con el pacto se podría lograr que el 95% de la legislación no cambiara, y sólo se modificaran aspectos en función de la evolución de la sociedad, no de la voluntad política. Eso es lo que ocurre en muchos países europeos, los que ocupan los primeros puestos en Educación, como Finlandia.

¿Qué lagunas le encuentra al actual sistema educativo español?

Una de mis mayores preocupaciones en la actualidad es el futuro del trabajo y cómo se va a enfrentar a él la enseñanza. Diversos estudios nos advierten de que para 2030, el 85% de los empleos van a ser nuevos, es decir, que no existen actualmente. Pero para ello sólo faltan trece años, con lo que tenemos a los futuros trabajadores ya en clase. Entonces, ¿qué tenemos que enseñarles hoy para que estén preparados para el mercado laboral que se avecina?

¿Cómo cree usted que se puede resolver este problema?

Analizar todas las variables implicadas es muy necesario y, sobre todo, que nuestro colectivo de docentes adquiera el compromiso de mirar hacia adelante, no ser conformistas con lo que tenemos, ni pasivos. Debemos adaptarnos a la nueva sociedad porque se está moviendo muy rápido en mucho campos, como la tecnología.