La Región de Murcia, la Comunidad Valenciana y Andalucía son las comunidades autónomas que cuentan con peor financiación con el actual sistema, al ser la cuantía que reciben por habitante ajustado inferior a la media de las de régimen común. También se encuentran en esta situación Madrid y Cataluña.

Así se refleja en el informe 'La evolución de la financiación de las comunidades autónomas de régimen común, 2002-2015', del experto Ángel de la Fuente, director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que ha publicado el BBVA.

En este trabajo se determina la posición relativa de las distintas comunidades autónomas en términos de financiación por unidad de necesidad, al contemplar un conjunto de competencias homogéneas, comunes a todas ellas, por habitante ajustado.

Además, ilustra la evolución de la financiación a lo largo de todos los ejercicios, desde 2002 hasta el 2015, año en el que cinco comunidades autónomas cuentan con un cuantía por habitante ajustado inferior a la de la media.

Las que salen peor paradas son la Comunidad Valenciana, con 2.178 euros, y la Región de Murcia, con 2.236, frente a los 2.354 del conjunto de comunidades de régimen común. En este grupo por debajo de la media también se encuentran Andalucía (2.272 euros), seguida de Madrid (2.308) y Cataluña (2.312).

Esta situación contrasta con la de Cantabria, con 2.906 euros por habitante, y La Rioja (2.844), que son las mejor financiadas, según este índice, seguidas de Extremadura (2.693), Baleares (2.553) y Castilla y León (2.515).

Unas diferencias «muy grandes» entre las comunidades de régimen común que son «difícilmente justificables», según Ángel de la Fuente, quien indicó que si el fin es que cada autonomía pueda prestar servicios similares lo lógico es que la financiación por unidad de necesidad «fuese parecida».

A su juicio, las desigualdades en el sistema parten desde el origen, al salir unas comunidades «con una posición mejor que otras» desde el momento en el que se descentralizaron las servicios que inicialmente prestaba el Estado. También hay «un componente de negociación», ya que a la hora de negociar la valoración de los traspasos de competencias, unas comunidades «negociaron mejor que otras», dice el experto Ángel de la Fuente.

Después, esas diferencias iniciales «se van manteniendo, porque en cada renovación del sistema siempre ha habido una cláusula de 'statu quo' que tiende a congelar la distribución» de los fondos, a lo que se suman otros factores como la evolución de las rentas de las comunidades.