Cinco ex altos cargos de la Comunidad Autónoma que intervinieron en la recalificación de los terrenos protegidos de la finca de Águilas La Zerrichera se sentarán en el banquillo a partir del viernes. El juicio por la operación urbanística aprobada en el año 2005 arranca pasado mañana en la Audiencia Provincial, doce años después de que la Administración Regional y el Ayuntamiento de Águilas autorizaran una urbanización con 4.000 viviendas, varios campos de golf y un hotel de lujo en unos terrenos de la Sierra de Almenara calificados como ZEPA (Zona de Especial Protección de Aves) y LIC (Lugar de Interés Comunitario). La Fiscalía pide penas de cárcel para Antonio Alvarado, que fue director general de Calidad Ambiental, y Juan Ignacio Sánchez Gelabert, ex jefe de servicio de esta Dirección General; y la inhabilitación para Encarna Muñoz, Manuel Alfonso Guerrero y José María Ródenas.
El juicio se desarrollará a lo largo de 27 sesiones desde el viernes hasta la tercera semana de noviembre. Durante el proceso de instrucción fueron imputados en la operación otros políticos del PP, como el exconsejero de Medio Ambiente Francisco Marqués, que finalmente fue exculpado, junto con la que fue secretaria general de su Departamento María Reyes Sánchez; y el exalcalde de Águilas Juan Ramírez; además José López Díaz, exconcejal de Agricultura del municipio aguileño.
Entre los testigos figura el empresario Trinitario Casanova, que promovió la recalificación de La Zerrichera y que después vendió los terrenos a la Caja de Ahorros de Guipúzcoa y San Sebastián (Kuxa), antes de que la Comunidad derogara en 2009 la orden que permitía urbanizar los terrenos protegidos.
La investigación por las irregularidades en la recalificación de la finca se inició tras la denuncia de los grupos ecologistas Anse y Ecologistas en Acción y del PSOE. El entonces fiscal superior, Manuel López Bernal, presentó en febrero de 2007 una querella en la que implicaba a ex altos cargos del Gobierno en la operación, que quedó truncada.
La Fiscalía pide cuatro años y seis meses de prisión para el ex director general de Calidad Ambiental Antonio Alvarado, además de cuatro años y seis meses de inhabilitación y 24 meses de multa a razón de 40 euros diarios. Alvarado está considerado «autor de un delito continuado de prevaricación por emisión de la declaración de impacto ambiental e inductor o cooperador necesario en la aprobación definitiva de la reclasificación del proyecto» y de «falsedad en documento público».
La pena solicitada para Juan Ignacio Sánchez Gelabert, que era jefe de servicio de la Dirección General de Calidad Ambiental, se queda en cuatro años de prisión y otros cuatro de inhabilitación, además de 20 meses de multa a razón de 30 euros diarios.
Encarna Muñoz, que fue directora general del Medio Natural, está acusada de un delito continuado de prevaricación. El fiscal propone para ella la inhabilitación durante un periodo de diez años. Para el ex director general de Urbanismo Manuel Alfonso Guerrero y el ex subdirector general de este departamento José María Ródenas pide ocho años y seis meses de inhabilitación por prevaricación.
El Ministerio Público recordaba que la protección del suelo llevó al ex director general del Medio Natural Carlos Brumadoras a rechazar cualquier actuación urbanística en La Zerrichera, lo que dio pie a que el ayuntamiento de Águilas archivara en diciembre de 2005 el proyecto que había presentado el empresario Trinitario Casanova. Sin embargo, el fiscal sostiene que Antonio Alvarado y Encarna Muñoz consiguieron reactivar el proyecto, contando con la colaboración de Juan Ignacio Sánchez Gelabert para para sacar adelante la tramitación.
