El Gobierno regional no ve con buenos ojos las 43 enmiendas de la oposición al Decreto ley de Medidas Urgentes para garantizar la Sostenibilidad Ambiental de las actividades en el entorno del Mar Menor (principalmente agrícolas), y que se está tramitando actualmente como Proyecto de Ley en la Asamblea Regional.

Por eso está estudiando ya posibles alternativas al texto « que no pongan en riesgo una actividad sostenible» agraria, apuntan fuentes del Ejecutivo, que consideran, al igual que el sector, que la oposición ha endurecido demasiado las condiciones para que se pueda cultivar en la ribera marmenorense.

El decreto -y ahora el Proyecto de Ley- contempla dos tipos de medidas: las dirigidas al establecimiento de condiciones ambientales para la actividad agraria (cambio de pendientes, construcción de setos, eliminación o reducción de abonos nitrogenados?), y las dirigidas al control de los vertidos procedentes de las lluvias (mediante la separación de las aguas pluviales de las residuales y su conexión con las depuradoras o construcción de depósitos de laminación para evitar la llegada de la suciedad de las calles de la zona urbana).

Y establece una serie de zonas de aplicación, cuyos límites han modificado y ´endurecido´ los diputados de los tres grupos de la oposición. Han ampliado las dos más restrictivas para la actividad agrícola.

Pese al sentir del Gobierno popular y de los agricultores, la oposición (PSOE, Ciudadanos y Podemos) se defiende indicando que no son enmiendas «agresivas», pero sí suben el tono del control sobre la actividad productiva que se practica en los aledaños de la laguna salada, especialmente en aquella que se realiza más cerca de la ribera.

«El decreto era insuficiente y no se enfrentaba al problema que los vertidos generan en la laguna», comentó, en el momento de la presentación de las enmiendas, el diputado socialista Antonio Guillamón.

Por su parte, los agricultores se ven atados de manos con estas enmiendas y advierten de que, de salir adelante, resultaría muy perjudicada la actividad agraria en la comarca del Campo de Cartagena.

Desde la asociación de productores y exportadores, Proexport, se ha pedido recientemente a los tres grupos políticos que reconsideren 27 de las 43 propuestas presentadas, al entender que éstas, tras el análisis que han hecho de las mismas los técnicos tanto de los productores como de regantes y pequeños agricultores, «extreman las dificultades para el ejercicio de la actividad agraria, sin que por ello se aporten soluciones efectivas para los problemas medioambientales del Mar Menor».

No obstante, Proexport no quiere iniciar una guerra con los grupos de la oposición, a los que se dirige «con buena fe» y a los que sólo les pide un diálogo sincero en septiembre («lejos de dogmatismos y estereotipos ideológicos») cuando se retomen los trabajos en el Parlamento autonómico.

Y lamentan que no se contara con el sector para redactar las enmiendas al decreto del Partido Popular.