España mantiene un nivel 4 sobre 5 de alerta terrorista desde el 26 de junio de 2015, cuando el Ministerio del Interior decretó necesaria su activación tras los atentados que se perpetraron a lo largo de ese año en Francia, Túnez, Kuwait y Somalia. El Nivel de Alerta Antiterrrorista consiste en una escala compuesta por cinco niveles, cada uno de los cuales se encuentra asociado a un grado de riesgo, en función de la valoración de la amenaza.

Nivel 1, riesgo bajo

La Policía incrementa el patrullaje de proximidad, orientado a la identificación de potenciales objetivos terroristas.

Nivel 2, riesgo moderado

Se vuelve a incrementar el patrullaje policial con el objetivo de asegurar un óptimo control de los objetivos terroristas. Ya no solo es de proximidad, sino también con finalidades preventivas.

Nivel 3, riesgo medio

Aumenta la actividad policial con más agentes en los medios de transporte y se realizan controles de vehículos y personas en autopistas y carreteras.

Nivel 4, riesgo alto (actual)

El nivel 4, que está vigente en España desde hace más de un año, supone la movilización total de los agentes de la lucha antiterrorista, que extreman la vigilancia sobre las personas sospechosas, así como el refuerzo y protección de infraestructuras críticas como centrales nucleares o grandes nudos de comunicación, entre ellos aeropuertos y estaciones de tren. En general, este nivel de alerta implica una mayor presencia de las fuerzas de seguridad en las calles y un preaviso a las Fuerzas Armadas para que intensifiquen la seguridad en sus instalaciones y estén preparadas para reforzar a Policía y Guardia Civil, en caso de ser requeridas.

Nivel 5, riesgo muy alto

La activación del Nivel de Alerta Antiterrorista (NAA) 5, el máximo previsto, está reservada a casos de atentados inminentes en territorio nacional y en la práctica solo implica como diferencia con el nivel previo, la presencia de militares en las infraestructuras críticas, nudos de comunicación y lugares de gran acumulación de personas. Las medidas del Plan están principalmente dirigidas a la protección de los siguientes objetivos: instalaciones, redes, sistemas y equipos físicos y de tecnología de la información sobre las que descansa el funcionamiento de los servicios esenciales. También de centros y organismos públicos u oficiales.