Las enmiendas presentadas por los tres grupos de la oposición en la Asamblea (PSOE, Podemos y Ciudadanos) al decreto ley del Gobierno regional para la protección del Mar Menor no han agradado al sector agrario regional, que considera que de aprobarse las propuestas (y se prevé que salgan adelante, pues los tres grupos suman mayoría absoluta en la Cámara) resultaría muy perjudicada la actividad agraria en la comarca del Campo de Cartagena.
Proexport, que lamenta que no se contara con el sector para la elaboración de las enmiendas, se ha dirigido a los tres grupos políticos reclamándoles que reconsideren 27 de las 43 propuestas presentadas, al entender que éstas, tras el análisis que han hecho de las mismas los técnicos tanto de los productores como de regantes y pequeños agricultores, «extreman las dificultades para el ejercicio de la actividad agraria, sin que por ello se aporten soluciones efectivas para los problemas medioambientales del Mar Menor».
No obstante, Proexport no quiere iniciar una guerra con los grupos de la oposición, a los que se dirige «con buena fe» y a los que sólo les pide un diálogo sincero en septiembre («lejos de dogmatismos y estereotipos ideológicos») cuando se retomen los trabajos en el Parlamento autonómico.
Una de las enmiendas que más rechazo ha suscitado en el sector agrario es la que suprime las secciones regional que contemplaban normas de aplicación distintas para las tres zonas establecidas en torno a la laguna por el decreto ley, en función a su cercanía y a su grado de contaminación a la misma.
«Es una medida desmesurada y sin fundamento técnico, puesto que las diferentes zonas presentan grados de afección diferentes hacia el Mar Menor» y, por tanto, «precisan del tratamiento y aplicación de medidas diferenciadas». Creen los agricultores que este propósito de la oposición de extender las mismas obligaciones de protección a las tres zonas «conllevará unos costes económicos y sociales difícilmente asumibles por todos», por lo que exigen que se retire esta enmienda y se vuelva a la propuesta inicial del decreto ley.
Otra de las quejas está relacionada con la prohibición que quiere establecer la oposición de aplicar estiércol o lodos de depuración al suelo durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre a menos de mil metros de los núcleos de población. Proexport alega que se trata de «una medida inviable para el sector agrario», recordando que es precisamente en estos meses cuando se produce la preparación del terreno para los cultivos de invierno, «que es la campaña donde la Región es la huerta de Europa».
También considera imposible, por el alto número de núcleos de población que se encuentran en el Campo de Cartagena, la limitación de actuar a menos de mil metros de la población urbana. Además califica Proexport de «barbaridad» la prohibición establecida de realizar acopios temporales de estiércol en la Zona 1.
Tampoco están de acuerdo los agricultores con la obligación de destinar el 5% de la superficie de cada explotación al objetivo de reducir la contaminación, bien a través de filtros verdes, setos de vegetación autóctona o recuperaciones de especies vegetales. «Supondrá unas 6.077 hectáreas de pérdida de viabilidad patrimonial en el sector agrario del Campo de Cartagena», entiende Proexport, que no obstante solo propone la modificación de la enmienda, para que dicha donación del 5% se realice de forma voluntaria.
Además, piden también que se suprima la obligación de que los invernaderos dispongan de sistemas de circuito cerrado de recogida de lixiviados y drenajes, con el fin de evitar el vertido de nutrientes y plaguicidas procedentes de los mismos». «Llevar a cabo esta medida supondría una reconversión de las estructuras tipo parral, que presentan serias dificultades desde el punto de vista estructural para poder llevar a cabo esta medida. Significa una reconversión del sector en el Campo de Cartagena, por lo que se requiere de una programación a largo plazo».
Otras de las alegaciones de Proexport al proyecto de enmiendas de la oposición va contra el endurecimiento de sanciones, pues se entiende que muchas de las nuevas medidas que establecen las enmiendas son de imposible cumplimiento para los agricultores. «Se deben considerar infracciones graves aquellas referentes a vertidos directos o conducciones al Mar Menor. Todo lo demás, infracciones leves», dicen los agricultores en el escrito de alegaciones dirigido a los tres grupos de la oposición.
Críticas. «¿Por qué a las abejas sólo hay que protegerlas allí?»
Los agricultores no solo tienen críticas para las enmiendas de la oposición, sino ante el propio decreto del Gobierno en sí. «Consideramos que la estructura normativa va a provocar graves problemas, tanto a los productores como a la Administración a la hora de velar por su cumplimiento». Asimismo, destacan algunas medidas llamativas de la nueva normativa. «¿Por qué a las abejas de la Región sólo hay que protegerlas en la comarca del Campo de Cartagena y no en Jumilla, Cieza o Águilas?», se preguntan desde Proexport, donde no terminan de ver la relación de este insecto con los nitratos. La organización cree que las obligaciones adicionales que se establecen para la práctica de la agricultura en la zona «suponen un serio agravio comparativo entre productores de la Región».
