Una vez llegan a los tribunales, cada vez más mujeres víctimas de malos tratos optan por echarse atrás y retiran la denuncia. Esto hace que muchos maltratadores se vayan de rositas. Para evitar este problema (que se da en esta comunidad, al igual que en el resto de España), la Fiscalía Superior de la Región quiere que se cambie la ley. Y es que, si la víctima no sigue adelante, el juzgado no puede continuar con el proceso. Básicamente, porque el testimonio de la mujer es la prueba principal.

«Se va a plantear una consulta al fiscal general del Estado para que resuelva esta cuestión, que es básica para saber si tenemos o no tenemos prueba de cargo», explicaba este jueves el fiscal superior de la Región, José Luis Díaz Manzanera. En su opinión, urge «que se modifique legislativamente» esta cuestión, al igual que sería importante «modificar el artículo que regula la dispensa a los familiares directos» de la afectada.

Díaz Manzanera comparecía en rueda de prensa tras haber hecho entrega al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, de la Memoria de la Fiscalía del año 2017, que se corresponde con los datos de 2016.

En sentencias, en total, se dictaron 3.424. De ellas, un 25% fueron absolutorias. «De ese 25%, el 75% son absoluciones, en disconformidad con el fiscal, en violencia contra la mujer», detalló el responsable de la Fiscalía.

En este sentido, este órgano detecta «un problema» como consecuencia de «retirarse la víctima, pese a todo el trámite» que ya ha arrancado en los juzgados.

«Si la prueba clave es la declaración de la víctima, y ella no quiere continuar, el juez dicta sentencia absolutoria», apunta el fiscal.

En violencia contra la mujer, la Memoria especifica que hubo en 2016 un total de 1.526 acusaciones del fiscal. En el juzgado de lo Penal, 245 condenas y 248 absoluciones. En el mismo juzgado de Violencia, aumentan las condenas en conformidad: 596.

En 2016 no murió ninguna mujer a manos de su pareja o expareja en la Región. Llegaron a los juzgados tres agresiones sexuales, 41 víctimas con lesiones (de los 41 maltratadores, 33 condenados) y se dictaron, como medidas cautelares, 46 órdenes de entrada en prisión provisional y 300 órdenes de protección a las víctimas. De estas últimas se denegaron 35.

Volviendo a la Memoria en general, la disminución (49%) ha sido más clara, aunque claramente justificada, en el tema de las diligencias previas. Manzanera señaló que es debido a la Ley de Enjuiciamiento Criminal: la Policía no manda ya a los juzgados aquellos asuntos donde no hay autor conocido, recordó el máximo responsable de la Fiscalía.

En temas de prisión, se acordaron 608 y solo se denegó la petición del fiscal en 28 casos.

En cuanto a siniestralidad laboral, bajan los homicidios (de 8 a 2) y aumentan un poco las lesiones (921 a 945), con 23 acusaciones y 25 sentencias de condena en el juzgado de Lo Penal, se detalla en la Memoria. También bajan los delitos contra el patrimonio.

Manzanera subrayó que en la Región hacen falta más fiscales. «Hay que fortalecer inmediatamente Lorca, Cieza y Cartagena. Y en Menores son tres fiscales. En Violencia de Género también hace falta otro fiscal. Y hay que fortalecer en Murcia lo relacionado con delitos económicos y corrupción, y los juzgados de instrucción», fue detallando.

Y es que, según explicó, en la Región hay «61 fiscales, contándome a mí», lo cual supone «un número claramente insuficiente». De esta manera, recordó que la Fiscalía Superior de Murcia «es la cuarta de España en carga de trabajo y la décima en número proporcional de fiscales, siendo la primera de España en ratio fiscal-población (24.091 habitantes por fiscal».

Así, «faltan unos 12 ó 15 fiscales para equipararnos a la media nacional». A juicio de Manzanera, actualmente se da «una desproporción que no es acorde con el volumen de trabajo que tenemos en Murcia». «Estoy luchando y peleando para que esta situación claramente mejore», insistió el sustituto de Manuel López Bernal.