Ni el más pesimista en el Partido Popular de la Región podía imaginarse lo que ocurrió el pasado martes, cuando su presidente, Pedro Antonio Sánchez, fue al TSJ para declarar por el caso Púnica. Que el instructor, Enrique Quiñonero, dictara un auto de procesamiento a las dos horas de su comparecencia no entraba en los planes de nadie en el PP, donde había mucha confianza en que la rama del caso Púnica que afecta al expresidente de la Comunidad naufragara en cuando Sánchez diera su versión a un juez que no fuera Eloy Velasco. Por tanto, lo ocurrido el martes supuso un mazazo en la calle González Adalid, que deja al partido, a dos años de las elecciones municipales y autonómicas, en un atolladero del que nadie tiene claro cómo salir.
En el caso, más que previsible, de que Pedro Antonio Sánchez vaya a juicio por el caso Púnica, los estatutos del Partido Popular que se aprobaron en el último congreso estatal, al que asistió PAS, son muy claros. El artículo 7.b establece que se suspenderá cautelarmente de militancia a aquellos afiliados inmersos en un proceso penal respecto al que se haya dictado auto de apertura de juicio oral por un delito relacionado con la corrupción. En el caso de Sánchez, al estar aforado y pertenecer a los órganos de dirección estatales, la expulsión del partido la adoptaría el Comité de Derechos y Garantías Nacional, que preside Alfonso Fernández Mañueco, alcalde de Salamanca.
Por tanto, si se llega a este extremo, Sánchez no podría seguir presidiendo un partido en el que no milita, por lo que el PP regional tendría que hacer algo ante el vacío de poder. Los estatutos estatales señalan que es el Comité Ejecutivo el que tiene la competencia de «elegir de entre sus miembros a quien tenga que dirigir el partido en el caso de dimisión o fallecimiento del presidente, elevando dicha propuesta a su Junta Directiva correspondiente». Otra posibilidad sería una delegación temporal de funciones en la secretaria general, Maruja Pelegrín, hasta que hubiera sentencia en el hipotético juicio por el caso Púnica. Lo que se descarta es que Madrid vaya a constituir una gestora para celebrar luego un congreso extraordinario.
Pedro Antonio Sánchez ha convocado para esta tarde una reunión del Comité Ejecutivo Regional, donde inevitablemente se hablará de la situación que se crea tras el auto del magistrado Enrique Quiñonero. No obstante, no se prevé una dimisión, pues el auto del instructor todavía se puede recurrir, ante el mismo juez y ante la Sala de lo Civil y Penal. Además, todavía hay plazo para que las acusaciones, estatal y popular, se pronuncien sobre el procedimiento abreviado. El juicio oral todavía no se ha abierto, aunque «hay un 90% de posibilidades de que sea así», señalan distintos juristas a LA OPINIÓN.
Otra cosa sería la situación de Pedro Antonio Sánchez en la Asamblea, donde permanece como diputado. En sus intentos por regatear el acuerdo de investidura con Ciudadanos, el expresidente argumentaba en que él no estaría formalmente imputado hasta que se abriera juicio oral contra él. Si se llegaba a ese extremo, dijo en distintas ocasiones, abandonaría todas sus responsabilidades públicas.
En la otra causa judicial en la que se investiga a Pedro Antonio Sánchez, el caso Auditorio, el magistrado instructor, Julián Pérez-Templado, no tiene tanta prisa en decidir si se abre o no juicio oral, como han solicitado la Fiscalía y las acusaciones. En un auto dictado ayer, el instructor ordenó una nueva prueba, la de instar al Ayuntamiento de Puerto Lumbreras para que a la mayor brevedad remita al TSJ certificación de la propiedad de los terrenos donde está ubicado el Auditorio y demás edificios anexos.
Responde así Pérez-Templado a una resolución de la Sala de lo Civil y Penal, que estimaba un recurso de las acusaciones e instaba al instructor a reconsiderar sobre la práctica de algunas pruebas. Rechaza Julián Pérez-Templado, no obstante, solicitar el procedimiento abreviado del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Murcia en el que avalaba la legalidad de la adjudicación del proyecto del Teatro Auditorio al arquitecto Martín Lejárraga. «Esa sentencia es firme, está aportada a los autos y tendrá en su momento sus efectos, que nadie lo dude. Ahora bien, traer más y más papeles a esta causa, so pretexto de fantásticas confabulaciones del presidente del Colegio de Arquitectos con el arquitecto Lejárraga, rebasa los ya anchuosos límites de este procedimiento para entrar en un mundo mágico donde toda esa perfidia tiene su asiento», señala el magistrado del TSJ.
