El expresidente y diputado regional del PP Pedro Antonio Sánchez está a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados para ser juzgado por la rama murciana del caso Púnica, lo que significaría que tendría que abandonar su escaño en la Asamblea y ser suspendido de militancia en su propio partido, del que es el máximo responsable regional.

El magistrado del TSJ encargado de instruir la rama murciana de la trama Púnica, Enrique Quiñonero, tomó declaración en la mañana de ayer a Sánchez durante una hora y, 120 minutos después, en un periodo sorprendentemente rápido, dictó un auto en el que daba por finalizadas las investigaciones e iniciaba el procedimiento abreviado, el paso previo para la apertura del juicio oral, dando a las acusaciones un plazo de diez días para pronunciarse.

La resolución judicial, de apenas cuatro folios, señala que, de la instrucción practicada tanto en la Audiencia Nacional como en el TSJ, «resulta posible concretar los hechos punibles constitutivos de delito así como también las personas penalmente responsables de los mismos». Estos hechos punibles, a juicio de Quiñonero son tres. «Entre junio y octubre de 2014, Pedro Antonio Sánchez, en aquel momento consejero de Educación, y David Conesa, en condición de miembro de su gabinete, actuando ambos de común acuerdo y con el objetivo de mejorar la imagen pública del señor Sánchez de cara a su postulación como candidato a presidente (...), mantuvieron una serie de reuniones presenciales e intercambio de llamadas telefónicas y mensajes (emails, imessage y whatsapp) con diversas personas relacionadas con las mercantiles Eico Online y Madiva Editorial y Publicidad, con quienes negociaron y acordaron las condiciones de realización por estas últimas de trabajos reputacionales y de mejora de imagen en Internet y redes sociales de carácter personal para Pedro Antonio Sánchez».

Continúa el juez señalando que, «según las condiciones negociadas, los referidos trabajos reputacionales iban a ser realizados a partir del mes de noviembre de 2014 por Eico y Madiva, a razón de 4.600 euros al mes durante los siete meses que van de noviembre de 2014 a mayo de 2015. Para sufragar los cuales se acordó el desvío de fondos públicos de la Consejería de Educación destinados a formación. Durante dichos contactos y negociaciones, Sánchez y Conesa facilitaron información y datos internos de dicha Consejería a personal de las citadas mercantiles relativos a los procedimientos para formalizar contratos simulados de formación».

El tercer hecho punible, según el magistrado del TSJ, es que «los trabajos reputacionales acordados no llegaron a efectuarse, ni los contratos de formación a formalizarse, ni por tanto las sumas comprometidas llegaron a cobrarse, al impedirlo la operación policial llevada a cabo a finales de octubre de 2014».

Para llegar a estas conclusiones, el instructor se basa en la valoración conjunta de las transcripciones de las intervenciones telefónicas y comunicaciones (un total de 28) realizadas por la Audiencia Nacional, de los datos de geolocalización de los terminales telefónicos incorporados al atestado, en las declaraciones de algunos investigados y en el material informático y la documentación obtenida en los registros».

Ahora, la Fiscalía, defensas y acusaciones deberán pronunciarse. Según juristas consultados, con que una de las acusaciones solicite la apertura de juicio, PAS irá al banquillo. Según los estatutos del PP, se le suspenderá de inmediato la afiliación, con lo que el PP en la Región quedaría descabezado. PAS se comprometió también a dejar su escaño en la Asamblea si se le abría juicio oral.

PAS sigue negando el acuerdo

Por su parte, el expresidente Pedro Antonio Sánchez insistió, tras su declaración en sede judicial, en que nunca cerró acuerdo alguno con las empresas de la trama Púnica para que le realizaran trabajos de mejora de su imagen en Internet, pese a que los cabecillas de la trama «llevaron a cabo durante diez meses una estrategia comercial agresiva» para conseguir el contrato. «No se aceptó ninguna propuesta, ni siquiera se abrió un expediente para iniciar un contrato, que además hubiera tardado un mínimo de cinco meses para poder formalizarse.

Es falso lo que dicen de que los pagos no se realizaron por la intervención policial», reiteró Sánchez, quien dijo que hay doce certificados oficiales de la Comunidad que certifican sus tesis de defensa.

También negó que se reuniera cuatro veces con los empresarios de la trama, aunque sí admitió un encuentro en Madrid con Alejandro de Pedro, supuesto conseguidor de la trama, a petición de este. «Tuve una reunión con él, como con otras tantas personas que solicitan una entrevista con un responsable público. Acosaban a mi secretaria. Pero nunca se aceptó propuesta alguna. Escuchamos, pero no aceptamos».

Sánchez mostró una hoja de pedidos de la empresa que consta como prueba contra él. «Todos los espacios están en blanco», señaló. El presidente del Partido Popular en la Región criticó que se permita a PSOE ejercer la acusación particular contra él «para machacar a los adversarios políticos».