El Consejo de Gobierno aprobará mañana el reglamento que desarrolla la renta básica de inserción (RBI), que permitirá aumentar esa ayuda de los 300 euros actuales al mes a 426, así como su plazo de recepción de 12 a 24 meses. Así lo indicó ayer el presidente regional, Fernando López Miras, a los representantes de la Plataforma del Tercer Sector, con quienes se ha reunido junto a la consejera de Familia e Igualdad, Violante Tomás. Recordó que estaba pendiente su elaboración desde 2007, cuando se aprobó la ley, si bien en ese momento no se pudo elaborar a causa de la crisis económica, según sus palabras.

Además de aumentar las cuantías y periodos de aplicación, incluye medidas relacionadas con «itinerarios de inserción» para impulsar el acceso al empleo de las personas en situación de pobreza para que puedan salir de ella.

En 2017 hay prevista una partida de 15,5 millones para la RBI, 1,5 más que el año anterior, aunque Tomás insistió en que se trata de «una partida abierta» que se puede ampliar si es necesario. Añadió que el año pasado recibieron estas ayudas unas 15.000 personas, y a ellas hay que sumar otras destinadas a personas vulnerables que se gestionan a través de las entidades del tercer sector, los ayuntamientos y el sistema de becas, entre otras.

El presidente de la plataforma, Diego Cruzado, señaló que las organizaciones que la integran se sienten «suficientemente satisfechas» con este desarrollo, que supone «un avance», aunque será cuando entre en funcionamiento cuando se pueda analizar.

Cruzado apuntó que las organizaciones que trabajan con personas en situación de exclusión no perciben una disminución de la pobreza en la Región, sino «una situación estable» y un nuevo problema, que tener un trabajo no garantiza salir de la pobreza. Además, lamentó que la pobreza «se está enquistando», por lo que es imprescindible impulsar herramientas desde el empleo para evitar esas situaciones. En cualquier caso, la plataforma y el Gobierno están elaborando un estudio sobre la situación real de la pobreza en la comunidad, ya que hasta ahora los datos de los que se dispone son meras extrapolaciones de indicadores nacionales que no responden a la realidad.