El magistrado del TSJ de Murcia Enrique Quiñonero, en un auto notificado solo unas horas después de tomar declaración a Pedro Antonio Sánchez, acuerda la conclusión de las diligencias previas del conocido como caso Púnica en relación al expresidente y a David Conesa, un miembro de su gabinete cuando era consejero de Educación.
El instructor, a la vista de las actuaciones remitidas por la Audiencia Nacional, y una vez oída la declaración de Sánchez, estima que se han practicado las diligencias "necesarias y suficientes para determinar la naturaleza y el grado de participación en los mismos de los investigados" y ordena la continuación del proceso por los trámites del procedimiento abreviado.
El auto del magistrado sitúa a Pedro Antonio Sánchez a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados. Aunque el juez da a las partes diez días para que digan si debe decretar la apertura del juicio oral o el sobreseimiento de las actuaciones, el auto significa que el magistrado del TSJ ve indicios muy claros de que se ha podido cometer delitos de corrupción política. Con que una de las acusaciones lo pida, se puede decretar juicio oral.
El auto de Quiñonero señala que "una vez valorada de forma conjunta las transcripciones telefónicas, los datos de geolocalización de los terminales, el material intervenido y las manifestaciones de las distintas personas que han prestado declaración a lo largo de la instrucción, el auto sintetiza en tres párrafos como hechos punibles los siguientes:
Los contactos del que fuera consejero de Educación y un miembro de su gabinete con personas relacionadas con dos empresas para mejorar la imagen pública de Pedro Antonio Sánchez; las condiciones negociadas y el acuerdo de sufragarlas con el desvío de fondos públicos destinados a formación; y que la operación policial del finales de octubre de 2014 impidieron que los trabajos reputacionales no se efectuaran, los contratos no se formalizaran y las sumas no llegaran a cobrarse".
El juez estima que de estos hechos "aparecen presuntamente como responsables" los investigados y, que según recoge la fundamentación de la resolución, podrían ser constitutivos de delitos contra la Administración Pública.
Tras esta resolución, una vez firme, el Ministerio Fiscal y las demás acusaciones personadas tendrán 10 días para formular escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa, "sin perjuicio de que excepcionalmente puedan solicitar la práctica de diligencias complementarias que consideren indispensables para formular acusación", concluye la parte dispositiva del auto.
Los argumentos de la defensa de Pedro Antonio Sánchez para conseguir que se desestimaran las acusaciones de contra él no han convencido al juez.
