Tercera jornada del juicio por la gestión de la extinta CAM y ni un atisbo de que se entone un mea culpa, por pequeño que fuera. Tras la declaración el martes del vértice de la cúpula de la caja (el expresidente Modesto Crespo que nada sabía y los ex directores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós, quienes defendieron su actuación al frente de la entidad), ayer comenzaron las declaraciones del segundo escalafón con Teófilo Sogorb, exdirector de Planificación y Control, que rechazó cualquier irregularidad en su gestión.

En una declaración, que está previsto que concluya hoy con el interrogatorio de su abogado, Sogorb negó que firmara las cuentas del primer semestre del 2011 (que reflejaban unos beneficios de 65 millones cuando en realidad arrastraban unas pérdidas de 1.136) ya que éstas, dijo, «como no estaban formuladas no eran los estadios intermedios y no podían remitirse», aunque a preguntas del abogado del Fondo de Garantía de Depósitos matizó que no sabía si se habían enviado o no. Sogorb no dejó de apelar en todo momento al papel que en la elaboración de la contabilidad jugaban los auditores tanto internos como externos («los doce meses del año estaban allí y para mí era una tranquilidad», afirmó en alusión a los últimos) y a los vaivenes derivados de la elaboración del plan estratégico para el SIP (el intento fallido de fusión con CajaAstur, Caja Cantabria y Caja Extremadura, el actual Liberbank) que supuso unos cambios de criterio por parte del Banco de España. En este contexto, explicó, el organismo regulador permitió que en las cuentas de 2010 los activos y los pasivos se llevaran a resultados registrando como reservas las plusvalías generadas.

No dejó de referirse también el acusado (para el que la Fiscalía reclama 7 años y medio de prisión, 9 el Fondo de Garantía de Depósitos y 4 años y nueve meses la Fundación CAM por los delitos de estafa, apropiación indebida y falsedad, entre otros) a la complicada situación que atravesaba el país cuando se produjeron estos hechos, «una situación de difícil viabilidad que afectaba a todo el sistema bancario», precisó.

Sobre las diferencias entre lo que había y lo que se decía que había, Sogorb relató que una cosa eran las previsiones de la caja y otra la cantidad que cada entidad integrante del SIP comprometió en el proyecto de fusión: más de 200 millones en la caso de la CAM, muy por encima de esas previsiones internas. «Había problemas para cumplir el plan y eso el Banco Base lo sabía», aseguró para añadir a continuación que tanto López Abad como Amorós «eran conscientes del deterioro que existía» en la caja, como en todo el sistema financiero.

A la pregunta de si no se cuestionó por qué si había pérdidas se comunicaron beneficios, respondió que «todo se hacía con el conocimiento del Banco de España», insistió en que en las cuentas del primer trimestre del 2010 se aplicaron los criterios del SIP y aseveró tajante que nunca les había ocultado información a los administradores del FROB. Sobre las titulizaciones, la venta de créditos fallidos para reducir el riesgo de la entidad, dijo que desconocía que en la CAM iban vinculadas a una opción de recompra que frustraba ese objetivo.