Los 70.000 murcianos con cláusula suelo -según las estimaciones de Adicae- pueden presentar su reclamación a partir de hoy en el Juzgado de Primera Instancia Número 11 de Murcia. La decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de atribuir a un único juzgado la tramitación de las reclamaciones contra las entidades financieras que cobraron intereses de más a sus clientes ha provocado quejas en contra de que esta instancia quedara centralizada exclusivamente en la capital, ante el colapso que puede producirse.

Coincidiendo con la apertura de los juzgados encargados de atender las reclamaciones, Adicae Murcia y Comisiones Obreras han firmado un convenio para orientar a los consumidores con cláusula suelo y gastos hipotecarios.

Las organizaciones firmantes, que defienden la solución extrajudicial de las reclamaciones, acusan al Gobierno de «dejar en la estacada a los 70.000 murcianos que podrían reclamar por la vía extrajudicial».

Sostienen que las entidades financieras están cometiendo "todo tipo de irregularidades, como realizando ingresos parciales en cuenta y sin negociación previa, o denegando sistemáticamente la reclamación sin especificar el motivo del rechazo·, mientras que "otras entidades bancarias siguen sin eliminar la cláusula suelo de la hipoteca o realizando ofertas sin desglosar cantidades y solo de palabra".

Este convenio también servirá para orientar y agrupar a los consumidores en su defensa respecto a las reclamaciones de los gastos de formalización en los préstamos hipotecarios, cuya cuantía puede superar los 1.500 euros.

En toda España hay 54 juzgados que a partir de hoy «conocerán, de manera exclusiva y no excluyente, los litigios relacionados con las condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física. En Murcia se ha atribuido esta labor al Juzgado de Primera Instancia número 11.

El CGPJ ha avanzado que este plan «estará inicialmente en vigor del 1 de junio al 31 de diciembre de 2017, pero podrá prorrogarse en caso necesario». Apunta igualmente que, «a medida que se vayan conociendo las cifras de ingreso de asuntos en los órganos especializados, el Consejo General del Poder Judicial hará una valoración ajustada de las necesidades, de manera gradual y flexible, que será inmediatamente comunicada al Ministerio de Justicia y a las comunidades autónomas con competencia en esta materia», para ir «acomodando los medios personales y materiales». También contempla la adopción de «medidas de refuerzo» en caso necesario.

La decisión de situar en la capital el único Juzgado dedicado a tramitar las reclamaciones contra las cláusulas suelo ha provocado las quejas de los colegios de Abogados y Procuradores de Cartagena, Lorca y Murcia, que son contrarios a la centralización de la Justicia en materia de hipotecas. Milagrosa González, decana de los procuradores de Cartagena, calcula que en la Región habrá unos 45.000 pleitos al año, por lo que cree que «sería mucho más eficaz si se reparte el trabajo entre los 54 juzgados que hay en nuestra Comunidad».

También la PAH rechaza esta decisión al considerar que «supone una limitación del derecho a la tutela judicial efectiva establecido en el artículo 24 de la Constitución, al limitar las posibilidades de controversia».