La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha atribuido al Juzgado de Instrucción número 11 de Murcia la tramitación de las reclamaciones de las cláusulas suelo a las entidades financieras que cobraron de más a sus clientes, a pesar de las quejas en contra de que esta instancia quedara centralizada exclusivamente en Murcia. Conscientes del malestar existente, el CGPJ precisó que la decisión ha sido adoptada «sin perjuicio de poder atribuir en el futuro esta competencia a otros órganos del mismo u otro partido judicial diferente de la provincia, siempre que hubiere razones que lo justificasen, en atención a la carga de trabajo y mejor servicio a la Justicia».

En toda España habrá 54 juzgados que a partir del próximo 1 de junio «conocerán, de manera exclusiva y no excluyente, los litigios relacionados con las condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física. Habrá un juzgado por provincia en la península y uno en cada una de las principales islas de los archipiélagos canario y balear». En Murcia se ha atribuido esta labor al Juzgado de Primera Instancia número 11.

El CGPJ añadió que este plan «estará inicialmente en vigor del 1 de junio al 31 de diciembre de 2017, pero podrá prorrogarse en caso necesario». Apuntó igualmente que, «a medida que se vayan conociendo las cifras de ingreso de asuntos en los órganos especializados, el Consejo General del Poder Judicial hará una valoración ajustada de las necesidades, de manera gradual y flexible, que será inmediatamente comunicada al Ministerio de Justicia y a las comunidades autónomas con competencia en esta materia», para ir «acomodando los medios personales y materiales». También contempla la adopción de «medidas de refuerzo» en caso necesario.

La decisión de situar en la capital el único Juzgado dedicado a tramitar las reclamaciones contra las cláusulas suelo ha provocado las quejas de los colegios de Abogados y Procuradores de Cartagena, Lorca y Murcia, que son contrarios a la centralización de la Justicia en materia de hipotecas. Milagrosa González, decana de los procuradores de Cartagena, calcula que en la Región habrá unos 45.000 pleitos al año, por lo que cree que «sería mucho más eficaz si se reparte el trabajo entre los 54 juzgados que hay en nuestra Comunidad».

También la PAH rechaza esta decisión al considerar que «supone una limitación del derecho a la tutela judicial efectiva establecido en el artículo 24 de la Constitución, al limitar las posibilidades de controversia». Francisco Morote explica que «el establecimiento de un criterio único a nivel autonómico se convertirá en un freno a soluciones positivas y progresistas de estos procedimientos, y muchos nos tememos que impedirá actuaciones judiciales valientes como las que han elevado consultas sobre la legislación española al TJUE».