Los servicios jurídicos de la Asamblea Regional han advertido al Grupo Parlamentario de Podemos de que la proposición de ley por la que pretenden regular el régimen de conciertos educativos en los centros privados de la Región de Murcia puede vulnerar artículos de la Constitución Española, con lo que, de aprobarse, podría provocar un conflicto entre el Estado y la Comunidad, como ha ocurrido con la reforma de la Ley de Vivienda que aprobó la oposición en el Parlamento. La polémica por los conciertos educativos se ha acrecentado en la Región con la decisión del Gobierno regional de ampliarlos a la FP y el Bachillerato.
El informe de los servicios jurídicos de la Asamblea, al que ha tenido acceso esta Redacción, concluye que la proposición de ley de Podemos «no solo por lo expresado en la exposición de motivos ni por los enunciados del articulado, sino por la regulación que contiene, y teniendo en cuenta la doctrina jurisdiccional expuesta y la legislación aplicable mencionada (...) puede ser motivo de inconstitucionalidad por vulnerar los artículos 81.1 y 149.1 de la Constitución Española.
Comienza el informe reprochando a Podemos que diga en la exposición de motivos que la educación concertada tenga «un carácter subsidiario» respecto a la red pública de centros, ya que «el conjunto de normas jurídicas que constituyen el ordenamiento jurídico en esta materia no confiere a la enseñanza privada y concertada un carácter subsidiario».
También recuerda que «nuestras competencias en materia de enseñanza están limitadas, por un lado, por la observancia del artículo 27 de la Constitución y de las leyes orgánicas que lo desarrollan y, por otro, por el límite que supone la atribución al Estado de la competencia exclusiva para establecer la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales».
El informe de los servicios jurídicos también señala que la Constitución «establece como uno de los derechos fundamentales el que tienen todos a la educación, reconociendo la libertad de enseñanza, que incluye la libertad de creación de centros docentes dentro el respeto a los principios constitucionales».
La proposición de ley de Podemos fue admitida por la Mesa de la Asamblea el pasado 3 de mayo.
