El viento ha ganado la partida al sol en la puja de energías renovables que ha realizado el Ministerio de Energía. Las grandes compañías dedicadas a la generación de energía eólica han acaparado gran parte de los 3.000 megavatios de energías renovables que fueron subastados, mientras que la producción fotovoltaica ha quedado prácticamente excluida. El resultado de la subasta ha indignado a los propietarios de las plantas solares, que han anunciado su intención de recurrir la subasta ante la Unión Europea. La Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos (Anpier), que preside el murciano Miguel Ángel Martínez Aroca, acusó al ministro de Energía, Álvaro Nadal, de «blindar el oligopolio de la generación eléctrica en España, para condenar a los españoles a ser meros paganos de facturas gravosas». Anpier exige «una cuota social del 20% del total de la potencia que sea subastada en las próximas convocatorias, puesto que la generación social del colectivo fotovoltaico ha demostrado su capacidad y solvencia técnica en la gestión».

Por su parte, la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) considera que el resultado de la puja «demuestra que la energía fotovoltaica ha quedado discriminada frente a la eólica» y anuncia su intención de presentar «una denuncia ante la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea».

El Grupo Forestalia, Gas Natural Fenosa, Enel Green Power España (la filial 'verde' de Endesa) y Gamesa se han adjudicado más de 2.600 megavatios en la puja de renovables del miércoles. La generación eólica acaparaba así la mayor parte de los megavatios que salieron a subasta, mientras que los productores de energía solar vieron truncadas sus expectativas. El presidente de Anpier criticó que «las pequeñas y medianas iniciativas fotovoltaicas no han tenido ninguna opción, ni siquiera ofreciendo el máximo de los descuentos posibles, puesto que las condiciones establecidas favorecían proyectos eólicos y de muy grandes dimensiones, bajo la errónea premisa de que este criterio aporta un precio óptimo para los españoles». Miguel Ángel Martínez-Aroca añadió que «los ciudadanos españoles se verán privados de poder absorber de forma directa o indirecta una parte de los ingresos del sistema eléctrico que entre todos nutrimos mes tras mes a través de las facturas de la luz».

Por su parte, el presidente de la patronal de Lorca CECLOR, Antonio García, mostró su perplejidad ante la exclusión de la energía fotovoltaica. El dirigente empresarial explicó que entre las aspirantes figuraba una empresa de la pedanía lorquina de Zarcilla de Ramos que proyecta una inversión de 400 millones, con los que se crearían miles de puestos de trabajo durante la construcción de planta, además del empleo que aportará cuando esté en funcionamiento.