El Tribunal de Cuentas tacha de «insostenible» la situación financiera de la desaladora de Escombreras, que la Comunidad Autónoma explota en régimen de alquiler con un coste anual de unos 16 millones de euros. El informe del año 2014 presentado ayer destaca que a finales de 2016 el Ejecutivo regional seguía sin alcanzar un acuerdo «viable» con la propietaria, la empresa Hydro Management, perteneciente al grupo ACS, a pesar de las pérdidas que origina la planta.
Aunque el órgano fiscalizador abrió diligencias judiciales hace un año para investigar el perjuicio económico que ha podido causar a las arcas regionales el contrato con ACS, fuentes del Tribunal de Cuentas precisaron ayer que este proceso de carácter contable está aparcado por acuerdo de las partes hasta que se levante el secreto del sumario en la causa penal abierta en el TSJ a instancias de la Fiscalía. El informe añade que «en 2016 se suscribieron nuevos contratos con una producción estimada que puede alcanzar los 15,5 hm3», aunque el precio de 0,50 euros por m3 que paga el regadío implicaría «un menor margen» y mantendría los números rojos. En 2014 las pérdidas alcanzaron los 16 millones y situaron su patrimonio «en un importe negativo de 23 millones.
El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, que ayer presentó las conclusiones de los informes de fiscalización de varias comunidades, explicó que en Murcia se ha detectado una deficiente justificación de la mayoría de los contratos suscritos por la Administración murciana, con imprecisión en los pliegos de cláusulas administrativas particulares de los diferentes criterios de adjudicación. Detecta también una la falta de coordinación entre las administraciones en el inicio de los expedientes y en su preparación. En la valoración de las ofertas observa «la falta de inclusión del precio como elemento determinante».
El informe detecta igualmente que la Comunidad realizó en 2014 «contratos temporales para cubrir necesidades excepcionales de limpieza y coordinación de actividades sin que se haya tenido constancia de que hayan sido previamente informados favorablemente por la dirección general de la Función Pública. Asimismo, los puestos de trabajo temporales cubiertos en ese ejercicio fueron elegidos sin atender a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad».
La Comunidad Autónoma respondió que el Tribunal de Cuentas reconoce que la rendición de cuentas es la adecuada» y defiende su «transparencia». Respecto a la valoración del precio en las adjudicaciones, indicó que «la Ley de Contratación dice que tiene que ser la oferta económica más ventajosa, pero hay otras variables, como la calidad de la prestación».
Morosidad. Dice que la deuda de Corvera es de "dudoso cobro"
El Tribunal de Cuentas considera que la Comunidad Autónoma debería incluir los 184,6 millones de la deuda generada por el crédito de Corvera dentro de las de «dudoso cobro». La Consejería de Hacienda ha reclamado este importe a la antigua concesionaria, Aeromur, que ha recurrido. El Tribunal de Cuentas también critica que, a pesar de los compromisos asumidos en el Protocolo» firmado por el Ministerio de Fomento en 2011, «se hayan realizado inversiones cercanas a los 10 millones de euros en el aeropuerto de San Javier a través de aportaciones con el FEDER correspondientes al periodo 2007-2013. Todo ello constata la existencia de duplicidades en las inversiones en infraestructuras aeroportuarias».
