«Un corta y pega», «insuficiente e ineficaz» y básicamente limitado a «incluir medidas sobre parte del sector agrícola del Campo de Cartagena». Así han descrito Anse, Ecologistas en Acción, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y su Comarca (FAVCAC) y la Cofradía de Pescadores de San Pedro del Pinatar, el decreto ley de Medidas Urgentes para el Entorno del Mar Menor que ha diseñado la Consejería de Agua Agricultura y Medio Ambiente.

El decreto, presentado a principios de abril, tiene como objetivo último «hacer compatible la actividad agraria de la zona del Campo de Cartagena con la protección y recuperación del Mar Menor, eliminando las afecciones provocadas por los vertidos, arrastres de sedimentos y otros elementos perjudiciales», según explicó la consejera, Adela Martínez-Cacha.

Sin embargo, estos colectivos lo encuentran ´cojo´, y echan en falta, por ejemplo, que limite «adecuadamente» el uso de nitratos, mediante el establecimiento de cantidades máximas según tipo de cultivo; o que «prohíba abonos de poca efectividad y gran capacidad de contaminación

de las aguas, dejando un amplio margen para la aplicación que se ha demostrado ineficaz».

Otra de las pegas de esta normativa, que han hecho llegar a los grupos políticos de la Asamblea Regional, se centra en las barreras vegetales y de conservación previstas para evitar escorrentías, ya que, indican, «se aplican solo a los nuevos regadíos posteriores al trasvase, más próximos al Mar Menor, y dejan fueran amplias superficies del Campo de Cartagena con regadíos en pendiente».

Tanto por la anchura prevista como por las especies arbóreas elegidas, consideran que serán «ineficaces» para lograr los fines que se persiguen.

El documento no actualiza, añaden, las medidas de aplicación a la superficie real del Campo de Cartagena que cuenta con aguas subterráneas que superan los límites de contaminación por nitratos de la Directiva Europea.

«Tampoco incluye medidas para promover la recuperación del dominio público hidráulico o la red de drenajes en colaboración con la administración del Estado, o medidas para evitar la contaminación de embarcaciones a motor», entre otras.

En opinión de estos colectivos, el decreto pretende «una medida imposible», como canalizar y tratar todos los vertidos pluviales de las zonas urbanas en tan solo dos años, «a pesar de que ningún municipio cuenta actualmente con red de separación de pluviales y residuales», y todo ello sin un presupuesto de apoyo a la ejecución de los fines ´urgentes´ planteados, subrayan.

Apuntan que aunque el documento incluye algunos aspectos nuevos respecto a órdenes anteriores para la reducción del uso de nitratos, como un régimen sancionador, «no mejora de manera significativa la actual normativa de aplicación, y es tan ambiguo en cuestiones fundamentales que no justifica la urgencia de su aprobación».

Y rechazan que sólo se haya consensuado con el sector agrícola, dejando al margen a otros colectivos sociales, económicos, científicos y de la administraciones «que podrían haber aportado otra visión más completa e independiente al documento que debe evitar la contaminación del Mar Menor».

Se impone, concluyen, una Ley que aborde en toda su extensión los problemas del Mar Menor.