Se llama Jonny Epifanio S. A., tiene 31 años y actualmente está libre con cargos, después de haber sido detenido en abril de 2016 como presunto cabecilla de una red que traía a Murcia a chicas nicaragüenses que, una vez aquí, eran obligadas a trabajar como empleadas del hogar para que pagasen la deuda contraída con la red por haber llegado a España.
Ahora, el Juzgado de Instrucción Número 6 de Murcia también investiga si Jonny Epifanio obligaba a estas mujeres (se calcula que más de un centenar) a mantener relaciones sexuales con él. Asimismo, se trata de esclarecer en qué estado se encontraban estas chicas en esos momentos. Cuando la Policía Nacional llevó a cabo la operación que concluyó con el arresto de este hombre, encontró vídeos que mostraban los encuentros sexuales de Jonny Epifanio con las víctimas. La Policía constató que el hombre amenazaba a las chicas con sacar estas grabaciones a la luz si se negaban a darle el dinero que él consideraba que le debían.
Al mismo tiempo, el Juzgado de Instrucción Número Nueve de Murcia lleva el caso por trata de seres humanos y coacciones.
La noticia de la desarticulación de la trama saltaba el pasado verano. La Policía era alertada de «un posible traficante de seres humanos con fines de explotación laboral». Denunció el tema un hombre que hizo amistad con una de las víctimas. Esta chica contó que había llegado desde Nicaragua a España porque un chico le había facilitado la tramitación de todos los documentos. Las mujeres entraban con visado de turista y Jonny, presuntamente, les prestaba el dinero. Un dinero que habían de devolver con intereses, y muy altos. Las chicas se ponían entonces a trabajar como empleadas del hogar, con el objetivo de saldar esa delirante deuda.
Y es que, para hacerle frente, las víctimas debían pagar en torno a los 600 euros al mes en metálico, cantidad que normalmente no conseguían reunir con su trabajo en el servicio doméstico. El Juzgado investiga ahora si alguna de ellas se veían obligadas a mantener relaciones sexuales con el presunto cabecilla de la organización a cambio de rebajar dicha deuda.
Muchas mujeres tenían miedo a denunciar porque su situación en España era irregular.
Se hizo cargo del caso la UCRIF (el grupo de la Policía Nacional que se ocupa de la trata de seres humanos). Pronto descubrieron que el sospechoso empadronaba a prácticamente todas las chicas en la misma casa, un tercer piso en la calle Arrixaca de Murcia.
No sólo había mujeres empadronadas en ese domicilio: también varios varones de origen marroquí y otros nicaragüenses, entre ellos un menor de edad, hijo del presunto cabecilla. De igual modo, el sospechoso iba alquilando más pisos, conforme traía a más mujeres a Murcia. En el operativo del pasado verano, la Policía llegó a detener a ocho personas. Todas están actualmente libres. Ahora, una de ellas ni siquiera está procesada.
