La renuncia de Pedro Antonio Sánchez a la Presidencia de la Comunidad no ha despejado, ni mucho menos, su futuro político. La permanencia del ya expresidente en la Asamblea Regional, como diputado y presidente del Grupo Parlamentario Popular, no convence a la oposición, que se ha lanzado a presionar a Ciudadanos para que exija a Sánchez que deje también el escaño, lo que supondría que no pudiera regresar a San Esteban en el caso de quedar exculpado por los casos Auditorio y Púnica, ya que para presidir el Consejo de Gobierno es obligatorio ser parlamentario autonómico. La formación naranja, por ahora, mantiene una posición ambigua al respecto.

Pedro Antonio Sánchez señaló ayer, en una entrevista concedida a Carlos Herrera en la 'Cadena Cope', que pretende continuar en la Asamblea Regional como diputado del Partido Popular, y que solo se plantearía entregar el acta si el juez que investiga el caso Auditorio decretara la apertura del juicio oral, la línea roja que marcan los estatutos del PP para que los cargos públicos con procedimientos judiciales abiertos presenten su dimisión.

El presidente del PP de la Región, además, volvió a defender que, tras la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el término 'imputado' equivale a 'encausado', una condición que se adquiere cuando se decreta la apertura del juicio oral. Afirma Pedro Antonio Sánchez que Ciudadanos ha hecho «en toda España, menos en la Región de Murcia» la interpretación de la ley que hace él. Hasta ahora, PAS solo es investigado por el caso Auditorio, ya que el caso Púnica todavía no ha sido asumido por el TSJ, que todavía tiene que aceptar la exposición razonada del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que acusa al expresidente de tres delitos (fraude, cohecho y revelación de información reservada), nombrar a un instructor y citar al investigado a declarar, si es que lo considera pertinente.

En Ciudadanos, por su parte, no se pronuncian claramente sobre la continuidad de Pedro Antonio Sánchez como diputado regional. El acuerdo de investidura suscrito en junio de 2015 establecía la obligación de «separar inmediatamente a cualquier cargo público u orgánico imputado por corrupción política', lo que implicó la salida de Miguel Ángel Cámara de la secretaría general del PP, aunque no se aplicó el mismo rasero para el máximo responsable de los populares en Cartagena, Joaquín Segado, al que se le abrió juicio oral. No obstante, los dirigentes de C's dan por finiquitado este pacto, que hay que actualizar ahora para que Fernando López Miras, el candidato propuesto por el PP para sustituir a PAS pueda ser presidente de la Comunidad.

El propio presidente nacional de Ciudadanos, Albert Rivera, anunció que su partido tratará de consensuar con el PP un nuevo acuerdo de investidura para los dos años que quedan de legislatura, en el que se revisará el polémico punto que determina en qué momento un cargo público salpicado por un caso de corrupción debe presentar su renuncia. «Habrá que concretar muy bien todas esas literalidades para que no haya confusión, para que nadie se llame a engaño y para que nadie pueda decir una cosa y la contraria, que es lo que hizo Sánchez», indicó ayer Rivera en los pasillos del Congreso. En el acuerdo de investidura nacional entre PP y C's sí se detalla que serán apartados los cargos públicos «imputados formalmente o encausados» en procedimientos judiciales, la postura que defiende Pedro Antonio Sánchez.

El portavoz regional de Ciudadanos, Miguel Sánchez, se expresó en términos similares a los de Albert Rivera, considerando que el acuerdo de investidura de 2015 «está muerto» y confirmando que su intención es pedir a los populares una redacción más clara del punto referido a la separación de los cargos públicos con causas pendientes con la Justicia para que no haya «interpretaciones arbitrarias» en el futuro. El portavoz de la formación naranja no aclaró si permitirán que Pedro Antonio Sánchez siga de diputado en la Asamblea Regional. «Habrá que estudiarlo», afirmó.

En cualquier caso, el acta de diputado es personal e intransferible, por lo que el Partido Popular no podría obligar a Pedro Antonio Sánchez a abandonar el acta en el caso de que Ciudadanos lleve la situación al límite. En cualquier caso, podría expulsarlo del grupo parlamentario (algo que sería paradójico, ya que es presidente del partido y del propio grupo), con lo que PAS tendría integrarse en el Grupo Mixto.

En lo que sí se mostrará duro Ciudadanos en las negociaciones será en la exigencia de eliminar aforamientos, algo que también figuraba en el acuerdo de investidura de 2015. Hasta ahora, el PP ha rechazado apoyar las propuestas de los grupos de la oposición en la Asamblea para reformar el Estatuto de Autonomía en ese sentido, lo que ha imposibilitado la supresión de este privilegio de los diputados regionales y miembros del Consejo de Gobierno, ya que para cualquier modificación en el Estatuto necesita tres quintas partes de la Cámara. No obstante, la reforma todavía tendría que pasar por el Congreso y el Senado, por lo que puede pasar tiempo para que entre en vigor. Y en ese periodo, los dos casos judiciales que afectan a Pedro Antonio Sánchez podrían estar ya resueltos por el TSJ.