La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ha rechazado los recursos presentados por el fiscal y las acusaciones particulares contra el sobreseimiento del caso Guardería. Entre los ponentes de este auto que reafirma la decisión de archivar del magistrado Enrique Quiñonero se encuentra el instructor del caso Auditorio, Julián Pérez-Templado. Precisamente la defensa del presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, se amparó en los motivos que llevaron a archivar el caso Guardería para pedir que se apliquen también a la causa en la que se investiga a su defendido.
El ministerio público recurrió el sobreseimiento y reclamó la apertura del juicio oral para los investigados, entre los que estaban la actual consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, Adela Martínez-Cachá, y la secretaria general del PP en la Región, Maruja Pelegrín, así como el exalcalde Miguel Ángel Cámara.
La Sala de lo Civil y Penal, que tiene como ponente titular al presidente del TSJ, Miguel Pasqual del Riquelme, se muestra contundente a la hora de rechazar las consideraciones expuestas por el representante de la fiscalía, que señaló que el acuerdo respondía a una inspiración política espuria.
«Afirma el fiscal -dice la Sala- que con los acuerdos tan solo se perseguía 'confortar a los vecinos que apoyaban el proyecto, servir de banderín de enganche para los reticentes, acallar la contestación de los grupos políticos y ciudadanos que estaban impugnando y enlentenciendo la tramitación del proyecto y obtener retribución o ventaja de la publicidad de sus decisiones'» El tribunal rechaza esas consideraciones al comentar que «no encontramos sustento alguno para tales afirmaciones».
«Por el contrario, advertimos en la génesis y en la finalidad de los acuerdos el objetivo -en modo alguno espurio, por más que pudiera resultar inoportuno o con un riesgo mal calculado- de ir resolviendo y removiendo los obstáculos que pudieran entorpecer el inicio de las obras de rehabilitación del barrio de La Paz».
