El pleno de la Asamblea Regional aprobó ayer, con el apoyo de la oposición y el voto en contra del PP, el dictamen de la comisión de investigación de la desalinizadora de Escombreras, que apunta a que hay indicios de presuntos delitos en un proyecto ideado para amparar un «pelotazo urbanístico» de 250.000 viviendas.

Así lo ha declarado el presidente de la comisión y portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez, quién ha defendido un informe que también se remitirá al Tribunal de Cuentas por si pueden derivarse algún tipo de responsabilidad contable del análisis de 16.000 páginas y de las 36 comparecencias ante la comisión.

En las conclusiones, la oposición considera que el ex presidente murciano, Ramón Luís Valcárcel, y el ex consejero Antonio Cerdá, con la «complicidad» del grupo ACS, idearon una «trama empresarial público-privada» cuyo objetivo era la recalificación de 180 millones de metros de suelo en la Región, y que requería de informes de disponibilidad de agua.

Además, PSOE, Podemos y Ciudadanos aseguran que Valcárcel y Cerdá conocían de la ilegalidad de los 26 convenios de abastecimiento con caudales de la planta a otros tantos ayuntamientos, algunos de los cuales ya han sido anulados por el Tribunal Supremo al no contar con el preceptivo informe de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).

Para la oposición, la «trama empresarial y contractual» era dirigida por Cerdá, era «un proyecto personal de Valcárcel», y buscaba «dar cobertura a los proyectos de especulación urbanística» puestos en marcha por los gobiernos populares.

Las conclusiones también indican que los contratos de arrendamiento y mantenimiento firmados con el grupo ACS obliga al Ejecutivo murciano a asumir unas condiciones que pueden costar a las arcas públicas 600 millones de euros, si bien cifra el perjuicio económico actual entre los 389 y los 402 millones de euros.

Tras estimar que la planta es «inviable económicamente» en la actualidad, la comisión ha propuesto que el ente regional Esamur realice urgentemente un plan de viabilidad para conocer un «horizonte real» sobre el futuro de la desalinizadora.

El PP, que vio cómo tumbaban su voto particular, defendió que la planta se construyó a causa del «control absoluto» del Gobierno central sobre todos los desarrollos que pretendía llevar a cabo, que eran rechazados por la CHS.

Igualmente, desde la formación popular defienden que el modelo de creación y gestión del proyecto permitió dar «agilidad» a las contrataciones y apunta que el representantes del grupo ACS aseguraron en la comisión de investigación que tienen intención de llegar a un acuerdo con unas cantidades muy inferiores a las previstas inicialmente en el contrato.