El Consejo de la Transparencia de la Región acordó ayer un texto en el que, tras reconocerse como órgano no competente para dilucidar lo que establece la ley autonómica de la materia sobre la dimisión de altos cargos imputados por corrupción, cree «esencial la observancia de la ética y el buen gobierno en la acción del Ejecutivo regional».
Los miembros del pleno del organismo regional, cuyas decisiones no son vinculantes, se enzarzó ayer en un tenso debate al presentar el PSOE un texto que pedía que se pronunciara sobre la aplicación del artículo 54 de la Ley de Transparencia al presidente regional, Pedro Antonio Sánchez, y a la consejera de Agua y Agricultura, Adela Martínez-Cacha, investigados judicialmente.
«Oído el parecer el pleno del Consejo y reconociendo que no es competente en materia del título VI de la Ley de Transparencia regional, sí queremos manifestar que la ética, el buen gobierno y la transparencia constituyen valores esenciales en la acción de gobierno que deben servir de guía en la observancia de la ley», señala literalmente el texto pactado, que fue suscrito por los representantes de los grupos parlamentarios de la Asamblea Regional (PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos), de los que los de oposición puso el énfasis en la palabra «cumplimiento», que rechazaba el PP, quedándose finalmente como «observancia».
Según el presidente del Consejo, José Molina, hubo «un amplio debate» en el pleno y se hizo público el consenso alcanzado «para que la sociedad civil tenga un conocimiento de valores que hay que resaltar permanentemente en la vida política, personal e institucional». «Si defendemos las instituciones y las integramos, al final tendremos la fuerza de ir construyendo entre todos un futuro».
Preguntado por el hecho de que el Consejo no tenga competencias ejecutivas y vinculantes sobre transparencia, reconoció que la ley «está un poco coja en este terreno» y se encomendó a que se corrija esa situación en la reforma parlamentaria que los grupos están negociando en la Asamblea.
La más crítica ha sido la representante de Podemos, María Giménez, que se mostró «muy decepcionada» por un acuerdo «que se ha quedado corto» e indicó que «el Consejo de la Transparencia no puede vivir de espaldas» al momento político y judicial en el que se encuentra la Región.
Presen López, representante del PSOE, también entendía «crucial que en estos momentos el Consejo se posicionara sobre la necesidad del cumplimiento de la Ley de Transparencia», invitando al PP a plantearse el compromiso ético de responder a la exigencia de dimitir si se es imputado.
A Miguel Sánchez, de Ciudadanos, no le ha parecido bien que se haya hecho una «instrumentalización política» de un Consejo «que está para otras cosas».
Víctor Martínez, del PP, se mostró satisfecho por el reconocimiento en el texto pactado de su propuesta de que el Consejo de la Transparencia no es competente en la aplicación de la ley de Transparencia, acusando al PSOE de haber fracasado «en su intento de politizar ese órgano».
Debate sobre el ´chivatazo´ al presidente
La Asamblea Regional debatirá el 9 de marzo una moción del PSOE que pide al Gobierno central reforzar la autonomía de los fiscales y pregunta al autonómico quién informó al presidente Pedro Antonio Sánchez del criterio de cuatro fiscales del Tribunal Supremo en el caso Púnica. Quieren saber los socialistas cómo supo Sánchez que esos fiscales consideraban que no debía ser investigado en esa trama cuando era una información a la que supuestamente no podía tener acceso, además de ser parte en el proceso.
