La esperada reunión entre el presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, y su socio de Ciudadanos Miguel Sánchez, siguió el guión previsto. El portavoz regional de la formación naranja le pidió que abandone el Palacio de San Esteban hasta que se resuelva la investigación del caso Auditorio, a lo que el jefe del Ejecutivo respondió que no. Ahora, la crisis política que vive la Región entra en una nueva fase, tras anunciar Miguel Sánchez que va a iniciar contactos con el PSOE para estudiar soluciones a la situación. Pese a que el portavoz de C's evitó utilizar esa expresión, la única vía posible es la moción de censura para apoyar un Gobierno de socialistas y a Podemos, la némesis del partido de Rivera.
La entrevista en el Palacio de Aguirre de Cartagena, sede del Ejecutivo regional en la ciudad portuaria, solo sirvió para evidenciar la diferente interpretación que PP y Ciudadanos tienen del acuerdo de investidura que firmaron en junio de 2015, concretamente en el punto primero, el que compromete a ambos a separar a los cargos públicos imputados por corrupción política.
Miguel Sánchez cree que, tras ser citado a declarar por el caso Auditorio, Pedro Antonio Sánchez está «absolutamente imputado» y, por tanto, debe marcharse. El PP, por su parte, se ampara en la reciente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que elimina el término 'imputado' y lo sustituye por 'investigado'. Según la lectura que hacen los populares del acuerdo de investidura, el presidente Sánchez solo estaría obligado a marcharse si se decretara la apertura de juicio oral. Además, en el PP reprochan a Ciudadanos que no sea tan exigente en Andalucía (donde apoyan al PSOE de Susana Díaz), ya que algunos cargos andaluces investigados (el alcalde de Granada) permanecen en el cargo con el beneplácito de los 'naranjas'.
Miguel Sánchez declaró que había acudido «esperanzado» a la reunión, pero encontró a un Pedro Antonio Sánchez «enrocado, atornillado al sillón, incumpliendo el pacto de investidura y engañando a los murcianos». Miguel Sánchez indicó que «los cuatro escaños de Ciudadanos en la Asamblea no van a amparar la corrupción política», por lo que anunció que iba a llamar al PSOE para estudiar «soluciones» a la crisis política. En estas negociaciones, afirmó el portavoz naranja, «no descartamos nada», pero la expresión «moción de censura» no salió nunca de su boca.
Estima C's que la situación judicial del presidente está generando incertidumbre en la Región, y citó como prueba de ello el aplazamiento de la reunión que el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, tenía previsto mantener con PAS para el pacto del agua. También la suspensión de las negociaciones con Aena para el cierre del aeropuerto de San Javier.
«Una persona vale lo que vale su palabra», reprochó Sánchez al jefe del Ejecutivo, recordándole que, además del pacto de investidura, hay declaraciones públicas suyas comprometiéndose a dimitir si era imputado en el caso Auditorio. Para el portavoz, el acuerdo de investidura «queda totalmente roto» por culpa del PP, al que acusa de ser «laxo» con la corrupción. «Pasamos a Defcon 2», señaló Miguel Sánchez con respecto a la nueva fase que se abre tras su anuncio de negociar con el PSOE. No avanzó nada sobre qué tipo de acuerdo podrían alcanzar con los socialistas («paso a paso»), peros sí avanzó que no es intención de C's la de entrar en el Ejecutivo.
A Sánchez le respondió la consejera portavoz, Noelia Arroyo, quien comenzó sacando pecho por los datos de paro conocidos ayer, según ella fruto «de un acuerdo de investidura que se está cumpliendo y está siendo positivo para la Región». Por tanto, instó a Ciudadanos a explicar «si se va a echar en brazos de PSOE y Podemos» con la moción de censura con la que amenazan, que en las filas populares se ve como una opción poco probable.
Asimismo, la portavoz sacó a relucir las contradicciones del partido de Rivera, quejándose de que no sean tan inflexibles con los investigados en Andalucía y que en una proposición de ley registrada en el Congreso fijen la línea roja en la apertura del juicio oral, como reclama el PP murciano.
