En la semana 20 de embarazo, el ecuador de la gestación, los principales órganos del feto ya se han desarrollado, y ya puede valorarse por ecografía que la anatomía del bebé sea correcta. Fue entonces cuando a una mujer le diagnosticaron, en el Hospital Santa Lucía de Cartagena, que el hijo que esperaba sufría una anomalía. En concreto, un problema en el cerebro. El término médico exacto es agenecia completa del cuerpo calloso.
Como indica su nombre, se trata de falta de formación de la región cerebral llamada cuerpo calloso. Es producto de una alteración en el desarrollo embrionario que ocasiona la falta parcial o total de este importante haz de fibras interhemisféricas cerebrales.
Cuando supo que su hijo sufría esta dolencia, la mujer (que prefiere no dar su nombre) decidió abortar. Sin embargo, tuvo que hacerlo en Madrid, porque, tal y como denuncia ahora a través de la asociación, Women´s Link Worldwide, en la Región de Murcia «ningún hospital público de Murcia quiso realizarlo», una situación que «se repite a lo largo de la geografía española».
Estos hechos ocurrieron en 2014. Women´s Link Worldwide ha demandado ahora ante los tribunales al Servicio Murciano de Salud (SMS), al que la mujer solicita una indemnización.
Teresa Fernández, abogada de Women´s Link Worldwide, dijo a LA OPINIÓN que, desde que la afectada supo de la dolencia que tendría su hijo. «se vulneran sus derechos fundamentales», tales como «el derecho a la salud y el derecho a la dignidad».
Malformación en el cerebro
Fernández explicó que la mujer, al saber que su bebé carecía de la estructura que comunica los dos hemisferios del cerebro, aún tardó varias semanas en poder abortar. Lo hizo cuando estaba de 27 semanas, indicó la letrada.
Recibió la aprobación de la interrupción del embarazo por parte de un comité clínico y se le comunicó que se realizaría en la clínica El Bosque de Madrid, a donde debería llegar por sus propios medios y pagar el coste del alojamiento. Tras someterse a la interrupción del embarazo el 1 de diciembre, diez días después el hospital público de Cartagena le negó la revisión posparto, siempre según la versión de la mujer.
Women's Link dice que «muchas mujeres se enfrentan aún a serios obstáculos para acceder a un aborto digno, es decir, con un trato respetuoso durante todo el proceso, sin discriminación, con información sanitaria adecuada y con autonomía para decidir».
Según la organización, que cita datos del Ministerio de Sanidad, en 2014, año al que se remontan los hechos denunciados, ni Murcia ni otras tres comunidades autónomas (Aragón, Castilla y León y Castilla-La Mancha) realizaron ningún aborto dentro del sistema público. La demanda presentada ahora ante el TSJ va por lo Contencioso-Administrativo, apuntó la abogada, que no concretó qué cantidad solicita la mujer en concepto de indemnización.
Un estudio del Hospital 12 de Octubre de Madrid expone que el 50% de todas las malformaciones detectadas entre 1990 y 2006 a través del diagnóstico prenatal se produjeron por encima de la semana 22 de gestación.
