Women's Link Worldwide ha demandado ante los tribunales al Servicio Murciano de Salud (SMS) por negar información durante casi seis semanas a una embarazada sobre la grave anomalía que sufría su feto, lo que le impidió acceder a una interrupción del embarazo "en condiciones dignas".

En representación de Ana (nombre ficticio), esta organización ha interpuesto una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia contra el servicio sanitario de la Región por vulnerar el derecho a la información de esta paciente y por la discriminación que sufrió en el hospital público Santa Lucía de Cartagena, lo que le ocasionó "graves daños físicos y psicológicos".

En la víspera del Día de la Mujer en el que Women's Link pide que se garantice el acceso al aborto "en condiciones dignas" a todas las mujeres, la organización ha explicado en un comunicado que Ana tuvo que desplazarse a Madrid por sus propios medios para poder interrumpir su embarazo "porque ningún hospital público de Murcia quiso realizarlo", una situación que "se repite a lo largo de la geografía española".

Los hechos se remontan al 20 de octubre de 2014 cuando Ana se realizó una ecografía en el Hospital Santa Lucía de Cartagena. Quince días más tarde acudió a una clínica privada donde le confirmaron el grave diagnóstico.

Al día siguiente fue a su centro de salud, donde la matrona le remitió al hospital público dada la gravedad pero, tras varias horas esperando, nadie la atendió.

El 13 de noviembre se desplazó a la clínica Ruber en Madrid y pagó de su propio bolsillo una prueba que determinó que casi todo el cerebro del feto estaba afectado.

Al día siguiente intentó de nuevo que la atendieran en Cartagena, pero se negaron y la citaron para días más tarde en una consulta en la que cuestionaron la fiabilidad de las pruebas realizadas en el centro privado.

El 26 de noviembre recibió la aprobación de la interrupción del embarazo por parte de un comité clínico y se le comunicó que se realizaría en la clínica "El Bosque" de Madrid, a donde debería llegar por sus propios medios y pagar el coste del alojamiento.

Tras someterse a la interrupción del embarazo el 1 de diciembre, diez días después el hospital público de Cartagena le negó la revisión posparto.

Aunque el aborto está reconocido en la Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos del año 2010, Women's Link ha denunciado que "muchas mujeres se enfrentan aún a serios obstáculos para acceder a un aborto digno, es decir, con un trato respetuoso durante todo el proceso, sin discriminación, con información sanitaria adecuada y con autonomía para decidir".

Según la organización, que cita datos del Ministerio de Sanidad, en 2014, año al que se remontan los hechos denunciados, ni Murcia ni otras tres comunidades autónomas (Aragón, Castilla y León y Castilla-La Mancha) "realizaron ningún aborto dentro del sistema público".