La hora de la verdad llegó ayer para el presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez. El TSJ dictó un auto a mediodía de ayer, firmado por el magistrado instructor Julián Pérez-Templado, citándolo el próximo lunes 6 de marzo a declarar en calidad de investigado (lo que era imputado antes de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) por las acusaciones contra él en el caso Auditorio, en el que una juez de Lorca le acusa de prevaricación, malversación, fraude y falsedad en documento público.
El jefe del Ejecutivo regional queda de esta forma en jaque, pues Ciudadanos, el partido que lo aupó a la presidencia de la Comunidad y que le permite aprobar los Presupuestos, exigió ayer su dimisión inmediata, en cumplimiento del primer punto del acuerdo de investidura que firmaron en junio de 2015, que compromete a Partido Popular y Ciudadanos a apartar a aquellos cargos públicos que se vean inmersos en procedimientos judiciales relacionados con la corrupción política. Ciudadanos no aclaró, sin embargo, qué hará si Pedro Antonio Sánchez se niega a dimitir, ni tampoco dio un plazo para que el presidente haga efectiva su renuncia. «No hablamos de política ficción», señaló el portavoz regional de la formación naranja, Miguel Sánchez.
«Tenemos un presidente sospechoso y esperamos no tener un presidente sin palabra», indicó Miguel Sánchez, quien compareció en la sede regional de Ciudadanos arropado por la plana mayor del partido en la Región, entre ellos el coordinador autonómico, Mario Gómez, y la delegada territorial, Valle Miguélez. El portavoz de C's hizo también alusión a un vídeo de los primeros meses de la legislatura que circula por las redes sociales en el que el presidente regional se compromete a dimitir si es imputado por el caso Auditorio. «Hemos respetado los tiempos pero hoy (ayer para el lector) es el día. El presidente ha sido llamado a declarar en calidad de investigado/imputado y se debe de ir. Le pedimos generosidad, coherencia y honestidad con los ciudadanos de la Región. Esperemos que cumpla su compromiso, se eche a un lado y el PP busque un sustituto entre sus diputados regionales, pues no tenemos ningún problema con el PP, sino con la corrupción», afirmó el portavoz de Ciudadanos en la Región.
Evitó pronunciarse Miguel Sánchez sobre la invitación que el portavoz de Podemos, Óscar Urralburu, le hizo para presentar una moción de censura, en la que también sería necesario el PSOE. «No adelantemos acontecimientos. Esperamos que el presidente cumpla con su compromiso y también que cumpla con la ley», citando el artículo 54 de la Ley de Transparencia de la Región, que establece que si un cargo público es imputado por delitos de corrupción (entre los que incluyen prevaricación y malversación) «entenderá que su permanencia en el cargo es incompatible con la confianza que se debe trasladar a la ciudadanía sobre la vigencia de los principios éticos y con la obligación de preservar el prestigio de las instituciones». «La pelota está en su tejado», concluyó el portavoz de C's. En el mismo sentido que Miguel Sánchez se manifestó el dirigente nacional de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, quien exigió al PP que presente un candidato alternativo para no poner en riesgo la gobernabilidad de la Región de Murcia.
«Declarar para aclarar»
Fue el propio Pedro Antonio Sánchez el que adelantó a los periodistas en la mañana de ayer, durante la clausura de la LVII asamblea general de FEPEX, la noticia de que había sido citado a declarar en calidad de investigado el 6 de marzo en el caso Auditorio. El anuncio lo realizó minutos antes de que el TSJ lo confirmara oficialmente, en respuesta a una profesional de un medio de comunicación de ámbito estatal que le preguntaba cómo había conocido el informe de la Fiscalía Anticorrupción sobre el caso Púnica antes de que se hiciera público.
«Voy a declarar para aclarar, porque me interesa que todo se aclare cuanto antes, mientras que hay gente a la que no le interesa que se sepa la verdad», señaló el presidente regional, quien recordó que se puso en varias ocasiones a disposición del fiscal superior de la Comunidad, Manuel López Bernal, para aclararle las dudas que pudiera tener sobre el proceso de adjudicación, construcción y recepción del edificio del Teatro-Auditorio de Puerto Lumbreras, pero el representante del Ministerio Público se negó.
Sánchez avanzó que aportará al magistrado documentación y pedirá «nuevas diligencias» en lo que ha considerado «una buena ocasión y oportunidad» para explicar su participación en este procedimiento, que insiste en enmarcar en el ámbito administrativo y no en el de la corrupción política. El jefe del Ejecutivo se mostró confiado en que «será fácil» demostrar que «toda, toda» la subvención de seis millones de euros que recibió el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras por parte de la Comunidad para construir el Teatro-Auditorio está invertida en el edificio.
En el entorno del presidente celebraban ayer que el magistrado instructor, Julián Pérez-Templado, haya aceptado la propuesta de la defensa de PAS para que el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras aporte el expediente de liquidación del contrato. Defienden que la obra «no está liquidada administrativamente», pues a la constructora no se le ha devuelto la fianza depositada antes del comienzo de los trabajos. Los letrados de PSOE y Podemos, dicen en el entorno de PAS, se negaban a que se llevara a cabo esta diligencia Creen también que un informe de un perito de la Fiscalía acredita que todo el dinero está invertido en la obra. El presidente, por tanto, no piensa rendirse.
