El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, ha exigido este lunes la dimisión del presidente del Gobierno murciano, Pedro Antonio Sánchez, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU) haya confirmado su condición de investigado por el denominado caso 'Auditorio' y ha pedido al PP que proponga ya a otro candidato a la Presidencia de la Región.
"El señor Sánchez tiene que ser apartado de un modo en que la estabilidad en Murcia no se vea comprometida, y eso sólo se puede hacer así, con un candidato alternativo", ha defendido Girauta en rueda de prensa en la Cámara Baja.
El dirigente naranja ha recordado el contenido del acuerdo suscrito por el PP y Ciudadanos en Murcia, que habría que "separar de inmediato de cualquier cargo del partido a un imputado por corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento judicial", el compromiso adquirido por el propio Sánchez en este sentido y la Ley de Transparencia aprobada en esa comunidad que aboga por apartar a los imputados de los cargos públicos.
"Por razones legales, por razones de pacto político y por coherencia con su propia palabra, el presidente de Murcia debe dimitir --ha insistido--. Y como la estabilidad en la Región de Murcia no se puede ver afectada por el capricho de un señor, la única posibilidad que hay es que el PP proponga otro nombre para la Presidencia de la Comunidad".
Ciudadanos en la Región de Murcia
Ciudadanos Región de Murcia también lo tiene claro: con la decisión del TSJ de citar a declarar como investigado a Pedro Antonio Sánchez supone el incumplimiento del pacto de investidura y exige la dimisión del presidente de la Comunidad Autónoma.
Fuentes de la formación naranja han afirmado que no tienen dudas de que, ahora sí, en este punto procesal del caso Auditorio Pedro Antonio Sánchez tiene que marcharse si quiere que su acuerdo siga vigente.
El presidente de la Comunidad ha insistido a lo largo de las últimas semanas en dos ideas: la primera, que el compromiso de dimisión de los cargos políticos solo se aplica a los casos de corrupción política y, según defiende, el caso Auditorio estudia un posible error administrativo. La segunda de las líneas de defensa para evitar la dimisión es la que asegura que la imputación formal debe ser el momento en el que exijan responsabilidades. El Partido Popular defiende que esto ocurriría en el caso de la apertura de juicio oral.
