Jueves, 2 de marzo. 12.30 horas. Asamblea Regional de Murcia. El futuro político de la Región de Murcia se decide en el encuentro que mantendrán el presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, y el portavoz regional de Ciudadanos, Miguel Sánchez, para aclarar si la investigación al jefe del Ejecutivo por el caso Auditorio (ha sido citado a declarar por el TSJ, en calidad de investigado, lo que antes era imputado, el próximo 6 de marzo) vulnera el acuerdo de investidura que ambas formaciones tienen suscrito.

El presidente pedirá al portavoz de Ciudadanos que, al menos, le conceda la oportunidad de comparecer ante el magistrado instructor del TSJ, Julián Pérez-Templado, para intentar defenderse de los cuatro supuestos delitos por los que se le investiga: prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude y falsedad en documento público. La formación naranja, que desde sus inicios ha enarbolado la bandera de la lucha contra la corrupción, le insistirá en que debe dar un paso atrás hasta que se resuelva su situación judicial y ceder la presidencia a alguno de los diputados regionales que el Partido Popular tiene en el Parlamento.

Hasta que se produzca la reunión, los dos partidos, que tienen acuerdos tanto en la Región como en España, se dan una tregua de una semana, aunque desde Ciudadanos ya dan por amortizado al presidente de la Comunidad («tenía que haber dimitido ya», dijo ayer el vicesecretario estatal de C's, José Manuel Villegas) y de la reunión solo esperan que Sánchez proponga a otro candidato a la presidencia de la Comunidad «que esté limpio de corrupción», en palabras de Villegas. En caso contrario, señalan desde el partido naranja, la formación comenzaría a estudiar otras posibilidades, entre las que estaría la moción de censura junto a PSOE y Podemos, aunque nadie habla en el partido de Rivera abiertamente de ella.

Pedro Antonio Sánchez, por su parte, intentará convencer a su socio de gobierno de que le permita seguir en el cargo hasta que, una vez que haya declarado ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJ, este órgano judicial tome una decisión sobre si sigue o no imputado. «Es lo justo», insisten en el PP. El presidente regional mostrará a Miguel Sánchez, que es abogado de profesión, documentación que demostraría que el caso Auditorio no se puede incluir en los supuestos de corrupción política («todo el dinero de la subvención de seis millones de euros que concedió la Comunidad para el edificio está invertido en la obra», insisten desde el PP y el Gobierno regional) y que lo que se dirimen son posibles errores administrativos.

«Ciudadanos ha solicitado esa reunión y me parece razonable que la tengamos y hablemos, porque lo que le interesa a la gente es que sigamos trabajando y no planteemos hipótesis», indicó el presidente ayer en Yecla, donde solicitó que «pongamos todos a la Región y sus intereses por encima de cualquier estrategia de partido».

El PP nacional cierra filas

A PAS salieron ayer a defenderle, otra vez, el coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maillo, y el vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado. Este insistió en las 16 denuncias que, según los populares, han presentado contra el presidente de la Comunidad a lo largo de su trayectoria política y que han sido archivadas. «Pedro Antonio Sánchez tiene 16 antecedentes de desimputación», comentó Casado.