23 de febrero de 2017
23.02.2017
Caso Auditorio

"No existe un plan B"

El Gobierno regional y el PP admiten que no manejan otra opción que no sea la de Pedro Antonio Sánchez agotando la legislatura - Insisten en que la imputación no se produce hasta el juicio oral

23.02.2017 | 15:55

Ni el Gobierno regional ni el Partido Popular tienen otro plan que no sea el de Pedro Antonio Sánchez agotando los cuatro años de legislatura, pese a las presiones para que el presidente de la Comunidad dimita tras ser citado por el TSJ a declarar en calidad de investigado, el próximo 6 de marzo, por el caso Auditorio.

Así lo reconoció ayer la portavoz del Ejecutivo regional, Noelia Arroyo, respondiendo así a las demandas que hacen desde Ciudadanos, el partido que permitió a Sánchez ser investido presidente en 2015 y aprobar los Presupuestos de 2017, para que el jefe del Ejecutivo se aparte y dé paso a otro candidato, que tendría que salir de entre los 22 diputados que el PP tiene en la Asamblea.

Noelia Arroyo, en la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Gobierno, señaló que «no hay un plan B», ya que el Gabinete actual «es para cuatro años». Confirmó que el presidente de la Comunidad va a recibir en el Palacio de San Esteban al portavoz regional de Ciudadanos, Miguel Sánchez, tal y como le ha pedido por escrito el dirigente de la formación naranja. El encuentro será el viernes de la semana que viene, tres días antes de que el jefe del Ejecutivo vaya a declarar ante el magistrado Pérez-Templado, según fuentes de la Comunidad.

La portavoz gubernamental insistió en que se le pedirá a Ciudadanos «que al menos dejen que el presidente vaya a declarar y que luego el juez decida», algo que considera que es «lo justo, lo razonable y lo comprensible». Niega Arroyo que el Gobierno regional esté incumpliendo el acuerdo de investidura. Y es que defiende ahora el Gobierno regional que la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tras la última reforma introducida por Rajoy, señala claramente que el momento de la imputación formal se produce cuando se dicta juicio oral. «Esta es la interpretación jurídica, todo lo demás son interpretaciones políticas», afirmó la consejera de Cultura de la Región de Murcia.

Pese a que hasta ahora desde el Ejecutivo de PAS se había defendido que lo que se dirimía en el caso Auditorio no tenía relación con la corrupción política, ayer la portavoz evitó responder a las preguntas de un periodista de si incluía en esta categoría los delitos de prevaricación, malversación, fraude y falsedad en documento público, por los que el presidente deberá dar explicaciones ante el TSJ el próximo 6 de marzo. «El interés del Gobierno está en colaborar al máximo con la Justicia y dejar que los jueces trabajen».

Celebró la consejera la proposición de ley aprobada ayer en el Congreso de los Diputados, a propuesta de Ciudadanos, en la que se establece la apertura del juicio oral como línea roja para que dimitan los cargos públicos inmersos en procedimientos judiciales por corrupción política. «Nos parece una propuesta interesante que, además, obedece a lo que defiende este Gobierno y defiende el partido a nivel nacional y a nivel regional», indicó Noelia Arroyo, que pidió a la formación naranja que aclare sus interpretaciones sobre estos asuntos.

Tampoco se pronunció la portavoz sobre la moción de censura que intenta promover Podemos, para lo que necesitaría el apoyo de PSOE y Ciudadanos en la Asamblea. Asegura Arroyo que el Ejecutivo, pese a las turbulencias de las últimas semanas sobre los problemas judiciales del presidente con los casos Púnica y Auditorio, «está trabajando muy duro en la gestión y en las reformas, en lo que interesa a los ciudadanos, que creemos que es, efectivamente, el empleo y el desbloqueo del Aeropuerto Internacional de la Región», dos asuntos que se trataron ayer en la reunión semanal del Consejo de Gobierno.

Dudan de la Ley de Transparencia

Por su parte, el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, puso ayer en cuestión la Ley de Transparencia de la Región, al señalar que es imposible que una normativa obligue a un cargo público a dimitir por imputación porque «sería inconstitucional», subrayando que el principio general que debe regir es la presunción de inocencia y el juicio oral. Martínez-Maillo volvió a pedir prudencia con Pedro Antonio Sánchez e insistió que cuando un político está imputado por corrupción «el momento concreto para marcharse tiene que ser el juicio oral, salvo circunstancias excepcionales». «Es imposible que una ley hable de que por un supuesto de imputación haya que dimitir. La imputación por un caso de corrupción no es una condena, simplemente es una garantía para una persona que va a entrar en un juzgado y, por tanto, es imposible que una ley diga eso».

La oposición en la Región de Murcia está apelando al artículo 54 de la Ley de Transparencia, que señala textualmente que «en el momento en que un cargo público electo o sujeto a nombramiento de libre designación conozca, de forma fehaciente, que un juzgado o tribunal competente ha adoptado un auto estableciendo su situación procesal de imputado o figura legal equivalente por la presunta comisión de los delitos contemplados en los artículos 404 a 444 o 472 a 509 del Código Penal actualmente vigente, entenderá que su permanencia en el cargo es incompatible con la confianza que se debe trasladar a la ciudadanía».

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